La Ley 9701 permite aportar registros de infracciones, que luego serán evaluados por los juzgados competentes.
Ruta 7: primera multa en Las Heras por una foto enviada por WhatsApp
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Prensa Las Heras El gobierno de Alfredo Cornejo promulgó la Ley Nº 9701, una norma que incorpora a la legislación vigente la posibilidad de que cualquier ciudadano remita material audiovisual, es decir fotos o videos, sobre presuntas infracciones de tránsito a través de canales digitales oficiales.
La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, modifica la Ley 9024 e introduce el artículo 120 bis, que establece un nuevo mecanismo de participación ciudadana en materia de control vial, aunque sin carácter de denuncia formal.
Según el texto sancionado por la Legislatura provincial, las personas podrán enviar imágenes o videos mediante plataformas institucionales, como sitios web oficiales o aplicaciones de mensajería instantánea, incluido WhatsApp, donde se registren posibles incumplimientos a la normativa de tránsito.
Sin embargo, la norma aclara que este tipo de aportes no tendrá validez como denuncia formal ni implicará que el material enviado tenga autenticidad certificada. En ese sentido, se lo considera únicamente como una “comunicación ciudadana”.
Además, la autoridad de aplicación, ya sea municipal o provincial, podrá desestimar o excluir de sistemas públicos aquellos registros que, a simple vista, no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios de falsedad.
En los casos en que el contenido aportado contenga datos suficientes, el Ministerio de Seguridad y Justicia o los municipios podrán remitirlo al Juzgado Vial competente, acompañado de un informe preliminar que describa la presunta infracción y los datos identificatorios que puedan desprenderse del material.
De todos modos, la normativa establece que ni la autoridad administrativa ni el informe preliminar implican validación del contenido. Será el Juzgado Vial el encargado de analizar la información y determinar si corresponde avanzar, ya sea validando el material o disponiendo medidas para su verificación.
Con esta incorporación, el Ejecutivo busca ampliar las herramientas de control vial apoyándose en la colaboración ciudadana, aunque estableciendo límites claros respecto al valor probatorio del material recibido.