Megajuicio: dura advertencia del Tribunal por los dichos de la esposa de Bento contra el fiscal Vega

La etapa de declaraciones indagatorias en el megajuicio que afronta el juez federal suspendido Walter Bento, acusado de liderar una banda que cobraba coimas a presos por favores judiciales, quedó al borde de concluirse para dar paso a los testigos. Solo resta que comparezcan dos imputados clave: los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego, sindicados como alfiles del magistrado en la asociación ilícita. Sus turnos fueron prorrogados por distintos pedidos que le realizaron al tribunal.

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En una jornada signada por los errores técnicos en la transmisión (comenzó media hora más tarde para intentar solucionarlo), el tribunal encabezado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá comenzó la audiencia de una forma atípica, ya que lanzaron una dura advertencia hacia los imputados para evitar que los agravios se sigan reproduciendo, cómo sucedió este jueves con los dichos de Marta Boiza (esposa de Bento) contra el fiscal general Dante Vega.

La presidenta del tribunal, Gretel Diamante, expresó que luego de una reunión que tuvo con sus pares, definió que algunos imputados, en el ejercicio de la defensa, se están “extralimitando”. “De antemano hacemos una aclaratoria. Vamos a emitir una resolución donde vamos a aplicar sanciones donde haya agravios de tipo personal que no tengan nada que ver con el derecho de los imputados a ejercer sus descargos”, comentó.

La alusión a la que hicieron referencia, sin nombrar, fue a Boiza, ya que ayer trató de “adicto” entre otros exabruptos al fiscal Vega y señaló también que “este hombre jamás va a dejar de hacer daño, tiene un problema psicológico”. La empleada judicial cuestionó en otro tramo de su declaración que el riesgo de fuga que plantea la fiscalía no es posible, dado el cuidado sobre su hijo con discapacidad y lanzó otra frase fuerte: “¿A dónde se piensa que me voy a fugar y dejar a mi hijo? ¿En qué cabeza maldita cabe eso? Por favor”.

En el comienzo de la jornada, la fiscal de Cámara, María Gloria André, consideró que en la audiencia del jueves “se realizaron manifestaciones que van más allá del derecho a la defensa. Solicitamos al tribunal que esto no vuelva a suceder” y las magistradas respondieron con el anuncio de sanciones procesales, que se conocerán a través de la resolución que aún no se publica.

En esta etapa de indagatorias solo han declarado cinco imputados, además del magistrado. Su esposa Marta Boiza, sus dos hijos Nahuel y Luciano (acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos); y los abogados Francisco “Chato” Álvarez y Javier Angeletti (sindicados como miembros de la banda).

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Angeletti fue el último en declarar este viernes. Se encuentra detenido con prisión domiciliaria, imputado específicamente por los delitos de “asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por cinco hechos, todos a su vez en concurso real”.

Según explicó la Fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio, de la prueba incorporada “se determinó que Javier Angeletti ocupa el rol de miembro de la banda, ubicándose en un eslabón inferior al de los organizadores Jaime Alba y Luciano Ortego y compartiendo la posición de los abogados Matías Aramayo, Martín Leopoldo Ríos y Luis Francisco Álvarez. En ese sentido, Ríos y Aramayo en sus convenios de colaboración firmados con esta Fiscalía señalaron oportunamente que Angeletti era un abogado fungible o secundario, que respondía a las instrucciones de los abogados coordinadores y del intermediario Diego Alfredo Aliaga”.

En su extenso discurso intentó explicar en detalle que sus relaciones con Aliaga y los contrabandistas Walter Costa (imputado por cohecho) y Eugenio Nasi (sindicado como sobornador), fueron como representante legal de ellos en determinadas situaciones y negó haber participado como miembro de la banda.

También criticó con fuerza los procedimientos judiciales llevados adelante previos a su detención. Remarcó que fue “el único al que le realizaron dos allanamientos” en su casa y su oficina. Aseguró que en uno de los operativos “ni siquiera nos dejaron vestirnos” a él y su esposa. Luego indicó que lo acusaron “de usar un handy para robar autos” y él mostró licencias y documentación. Además señaló que casi lo detienen a su hijo por encontrar un arma que tenía las municiones y los papeles separados.

“En el primer allanamientos rompieron un placard y libros. Parecía otra época. Y son tan torpes que no se llevaron los documentos de la causa Costa, que iban a buscar”, apuntó.

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Alba y Ortego, postergados

La banda que encabezaba Bento tenía como alfiles a varios abogados. En primera línea se encontraban los letrados Jaime Alba y Luciano Ortego, junto al despachante de aduanas asesinado, Diego Aliaga. Los dos están imputados por asociación ilícita en carácter de organizadores, por cohechos activos agravados. La particularidad también es que se defienden a sí mismos en el juicio.

En la etapa anterior del juicio, que constó de la identificación de cada imputado, ambos manifestaron sus intenciones de prestar declaración indagatoria pero realizaron distintas solicitudes al tribunal.

Por orden alfabético, Alba iba a ser uno de los primeros en declarar, pero pidió que se le otorguen pruebas sobre un allanamiento a su casa y finalmente le programaron su declaración para el próximo 20 de septiembre, cuando se retome el juicio. Ese mismo día se espera que declaren los primeros testigos también, según informaron desde el Poder Judicial a Los Andes.

Este abogado se encuentra con prisión domiciliaria y manifestó ante las juezas el pasado 24 de agosto: “Creo que soy uno de los más interesados en prestar declaración indagatoria para que el tribunal pueda conocer la realidad de lo que me pasó y sobre todo, por la publicidad tan gratamente están dando de estas audiencias, que también la opinión pública y el periodismo, la puedan conocer. Estoy sumamente interesado”.

Por su parte, Ortego declarará recién en la audiencia del 4 de octubre, confirmaron desde Tribunales. A diferencia de Alba, atraviesa la prisión preventiva en la cárcel y manifestó que necesita que le provean el soporte de su primera declaración para dar su palabra ante las juezas, porque asegura que en varios pasajes la fiscalía utilizó “supuestas respuestas” que no dio y fueron “absolutamente contrarias”.

“Inclusive en muchas oportunidades, ante preguntas de la Fiscalía, respondí con sarcasmo o ironías o repregunté y las mismas se han vertido como afirmaciones mías. Entonces necesito que me las puedan brindar”, completó. La jueza Diamante accedió al pedido y su declaración fue postergada.