La Libertad Avanza intentará avanzar este miércoles con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados. La iniciativa mantendría el límite del 15% de extranjerización de tierras, pero eliminaría el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. También propone cambios en los desalojos y las expropiaciones.
En un trámite exprés, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este miércoles firmar dictamen al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
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Noticias Argentina-Claudio Fanchi
En un trámite exprés, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este miércoles firmar dictamen al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado. La nueva versión incorporaría algunas de las restricciones contempladas en la Ley de Tierras Rurales, aunque mantendría modificaciones que flexibilizan las condiciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
El dictamen que impulsarán La Libertad Avanza y sus aliados conservará el límite del 15% de extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental. Sin embargo, eliminará el tope de 1.000 hectáreas para la adquisición de tierras en las zonas núcleo del país.
La estrategia del Gobierno apunta a reducir los incentivos de la oposición para rechazar el DNU 70/23 durante la sesión prevista para este jueves y, al mismo tiempo, avanzar con una flexibilización de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La discusión se produce mientras la Justicia analiza los planteos vinculados con la derogación de la Ley 26.737, sancionada en 2011.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá este miércoles a las 16 para retomar el tratamiento de la iniciativa, aprobada en el Senado hace más de dos meses en medio de dificultades para el oficialismo.
Aquella media sanción fue interpretada como una derrota política para el Gobierno. Ante la falta de votos suficientes, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, debió retirar los capítulos que proponían eliminar la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana de barrios populares.
El proyecto fue incluido en el temario de la sesión convocada por el oficialismo para el 21 de octubre, junto con otras iniciativas, entre ellas las vinculadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.
Aunque el Gobierno mantiene una postura contraria a las restricciones sobre la compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros, optó por una estrategia más pragmática ante las dificultades para derogar la normativa. La intención es evitar que la oposición consiga rechazar no solo esa modificación, sino también el DNU 70/23 en su conjunto.
En ese escenario, un reciente fallo de la Corte Suprema representó un respaldo para quienes buscan mantener vigente la Ley de Tierras. El máximo tribunal aceptó dar curso al pedido de una medida cautelar presentado por la organización ambientalista Árbol de Pie para restablecer la vigencia de la norma.
El texto que quedó en pie después de las modificaciones introducidas en el Senado contempla cambios en el régimen de desalojos, las expropiaciones y la regularización dominial de viviendas.
La iniciativa establece que las declaraciones de utilidad pública deberán aplicarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar claramente los motivos de cada medida.
El proyecto señala que podrán ser objeto de expropiación los bienes necesarios o convenientes para satisfacer una finalidad de utilidad pública, independientemente de su naturaleza jurídica y de que pertenezcan al dominio público o privado.
En cuanto a las indemnizaciones, el monto se determinará a partir del valor objetivo del bien, sin considerar el valor afectivo ni las ganancias hipotéticas.
Además, el dictamen fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, siempre que este se encuentre debidamente acreditado. El proyecto original no establecía un porcentaje máximo para ese concepto.
La tasa de interés aplicable se calculará mediante la combinación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, y la tasa a 30 días del Banco Nación.
El proyecto modifica los procedimientos para recuperar inmuebles ocupados por locatarios, sublocatarios, tenedores precarios o intrusos cuando exista un derecho legítimo afectado.
En esos casos, el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble si considera verosímil el derecho invocado y se presenta una caución juratoria.
Además, a pedido del propietario, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, siempre que se presente documentación que acredite la titularidad del bien.
Para los desalojos por falta de pago del alquiler, la iniciativa contempla un plazo mínimo de 10 días para que los inquilinos regularicen sus deudas, contado desde la recepción de la intimación, antes de que el propietario pueda iniciar la acción judicial.
Las notificaciones podrán enviarse al domicilio real o electrónico informado en el contrato. Se considerarán válidas incluso si el destinatario se niega a recibirlas o si no pueden concretarse por motivos que le sean imputables.
Si persiste el incumplimiento, el propietario podrá iniciar el proceso de desalojo por el procedimiento judicial más breve previsto por la legislación. La resolución podrá contemplar el uso de la fuerza pública, el allanamiento del domicilio y la apertura de cerraduras, en caso de ser necesario.
La propuesta también incorpora un protocolo de vulnerabilidad para los casos en los que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados. En esas situaciones, se prevé un plazo máximo de 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, con intervención del Ministerio Público Tutelar.
La iniciativa habilita, por única vez y por un plazo de 90 días prorrogable, la figura de la denominada ocupación temporánea anormal.
Esta herramienta podrá utilizarse ante situaciones graves y verificables de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados y desastres naturales.
Regularización de viviendas: los cambios a la Ley Pierri
El proyecto también modifica la Ley Pierri, que regula la regularización dominial de viviendas, para facilitar el acceso a la escritura de inmuebles destinados a vivienda única y permanente.
Podrán acceder al beneficio los ocupantes que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los 10 años anteriores, siempre que exista una causa lícita y se cumplan las condiciones establecidas en la iniciativa.
