El Tribunal de Cuentas sancionó al exintendente y la exsecretaria de Gobierno por irregularidades en el ejercicio 2023.
Daniel Orozco y Janina Ortiz, el matrimonio imputado por corrupción en Las Heras
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Archivo Los Andes El Tribunal de Cuentas aplicó multas acumuladas de $3.385.000 contra el exintendente Daniel Orozco, su esposa Janina Ortíz, exsecretaria de Gobierno, y seis funcionarios municipales más, involucrados en severas irregularidades descubiertas durante el ejercicio 2023 de la Municipalidad de Las Heras.
Vale recordar que el excandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina y la diputada provincial del mismo espacio -suspendida por la cámara-, enfrentan una causa penal por corrupción: ambos están imputados por el delito de peculado, en el caso "cooperativas truchas".
El Tribunal de Cuentas falló de forma unánime, con los votos del presidente Néstor Parés y los vocales Gustavo Riera, Ricardo Pettignano, Héctor Caputto y Liliana de Lázzaro.
Puntualmente el exjefe comunal deberá abonar $570 mil y la diputada provincial suspendida de La Unión Mendocina, deberá abonar $600 mil. En la lista aparecen le siguen el exsecretario de Hacienda, Carlos Nofal con una multa de $670 mil; el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart ($500 mil); los exdirectores de Contaduría, Diego Tolín ($400 mil) y Daniel Herrera ($175 mil); la exdirectora de Tesorería, Patricia Díaz ($400 mil); y el exdirector de Rentas, Carlos Magallanes ($80 mil).
Además, el tribunal ordenó a Ortíz a pagarle al municipio en concepto de cargo solidario la suma de $78.182.325, por tres sanciones respectivas de $33.941.030, $36.568.204 y 7.673.091. Vale decir que los dos primeros montos, son sanciones compartidas con el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyenhart.
Mientras que la tercera, correspondiente a los $7 millones, deberá afrontarla individualmente. En el caso de Oyenhart, el Tribunal también aplicó otra multa diferente por $2 millones que deberá abonarle a la comuna por separado.
Entre la serie de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, se destacan las "falencias" en un programa de entrega de bolsones de carne, en los que el municipio se encargaba de subsidiar una parte para su venta, pero no existe documentación que respalde el proceso. "La nota de solicitud se efectúa por el Subsecretario de Políticas Sociales y Secretaría de Gobierno", dice el fallo, refiriéndose a la licitación que encabezaron Oyhenart y Ortíz.
"La compra tiene por objeto subsidiar el precio de la carne en $ 650,00 (por bolsón) y destinada al vecino como ayuda social directa. Tiene la particularidad que la Municipalidad sólo subsidia una parte del bolsón de carne. La diferencia entre el subsidio municipal y el precio final será abonada por el vecino. A través de Decreto 84/2023 se adjudica la Licitación Pública N°1227, imputándose a la partida 431401- Ayuda Social Directa por $12.675.000,00", explica el fallo.
La auditoría observó que "no existe documentación que respalde la posterior venta y/o entrega a los beneficiarios (vecinos) de la carne subsidiada. Por consiguiente, no se puede determinar quién le cobraba al vecino en los puntos de venta, a fin de recaudar el importe no subsidiado de $ 20.529.600,00".
Además, apuntan que en la contratación "el funcionario que certifica la recepción de bienes, es el mismo que efectuó la Nota de Pedido de suministro e intervino además en el procedimiento de selección del contratante, constituyendo esto un escenario de incompatibilidad según establece la normativa vigente".
"Lo mismo sucede con la Secretaria de Gobierno, quién conforma las facturas y firma el informe de `resumen de bolsones de carne` (entregados), además es quien con su firma avala el pedido de suministro y suscribe, como uno de sus miembros, el Informe de la Comisión de Pre-Adjudicación", agrega el fallo, refiriéndose a Janina Ortíz.
"Por todo lo expuesto, las situaciones mencionadas harían presumir a la Auditoría, la falta de veracidad de la operatoria de compra y posterior entrega, debido a que la documentación no reúne las condiciones de Protocolo de suficiencia y legitimidad necesaria como prueba de rendición documental del gasto", manifiesta la resolución.
Por este caso puntual se sancionó como "responsables por daño" a Ortíz y a Oyhenart, con la sanción de devolverle a la comuna el monto de $33 millones, mencionado anteriormente. También fueron hallados como responsables el exintendente Orozco y el exsecretario de Hacienda, Nofal.
El Tribunal de Cuentas también se expidió por "deficiencias detectadas en Contratación Servicio de Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra", se trata respectivamente de las irregularidades vinculadas a la causa por la cual fueron imputados el intendente y la secretaria de Gobierno.
La Auditoría del tribunal detectó las siguientes deficiencias:
"a) Se detectaron personas que habrían prestado servicios de limpieza (según planilla), que no son asociados, en constatación con el listado de asociados a la cooperativa. Esto resulta incongruente, si tenemos en cuenta que las cooperativas son empresas que prestan servicios a través de sus asociados (cooperativistas).
b) Las planillas carecen de las firmas de los operarios que cumplieron tareas de limpieza. Tampoco se especifica los días laborados y horarios. Sino que se indica sólo la cantidad de jornales en el mes por persona. Lo descripto anteriormente denotaría falencias en el control interno de las horas cumplidas.
c) Las planillas tienen una columna final donde dice firma encargado, en las cuales existen firmas y aclaraciones con DNI, pero no consta la relación de este supuesto “encargado” con la Cooperativa de Trabajo, ni con el municipio".
Por lo tanto, la Auditoría advirtió que "no se trataría de un control interno practicado por la Municipalidad, quién tiene la responsabilidad de verificar si la prestación del servicio cumple o no las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la contratación".
"En las planillas se encuentran las firmas y sello del Subsecretario de Políticas Sociales y del Presidente de la Cooperativa. El Subsecretario es quien conforma la factura y emite Informe de cumplimiento de prestación de servicios", apunta el documento.
Y señalan que los funcionarios que "certificaron el cumplimiento de la prestación del servicio, son los mismos que intervinieron en el procedimiento de selección del contratante, e Informe de la Comisión de PreAdjudicación, constituyendo esto un escenario de incompatibilidad según establece la normativa vigente".
"Esta situación evidencia una deficiencia de control interno, que acentúa aún más la falta de pruebas documentales que acredite la real prestación del servicio", apuntó el tribunal en su fallo. Por estas irregularidades se les acumuló la sanción de cargos solidarios por $36 millones para Ortíz y Oyhenart.