La dirigente del paritido amarillo, María Belén Castillo solicitó ocupar el escaño vacante de hecho; en el oficialismo sostienen en que no está disponible.
La diputada pronvincial suspendida, Janina Ortiz (de verde) junto a legisladoraS del PRO Foto: Los Andes
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Una dirigente del PRO, sorprendió a todos, y presentó formalmente una nota para ocupar la banca de la diputada suspendida Janina Ortiz y le exigió a la Cámara de Diputados una definición urgente sobre su situación, en un caso que lleva más de un año sin resolución.
La presentación fue realizada por María Belén Castillo, quien pidió al presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, que se expida “de manera urgente” sobre el estado de la banca, inactiva desde marzo de 2024.
Según pudo saber este medio, en el oficialismo provincial el planteo generó sorpresa tanto por la nota como por la postura del PRO.
Si bien aún no hay una respuesta institucional, que deberá formalizarse una vez que el escrito ingrese administrativamente, en el oficialismo remarcaron que la banca “no está disponible” mientras la suspensión de Ortiz continúe vigente, ya que fue dispuesta hasta que exista una resolución judicial.
Ese punto marca el eje de la tensión: mientras el PRO interpreta que la falta de ejercicio efectivo configura una vacancia, en el oficialismo sostienen que la titularidad de la banca sigue vigente, aunque esté suspendida.
En su presentación, Castillo argumentó que la prolongación de la medida sin una definición concreta genera una “vacancia de hecho” y afecta la representación de la Primera Sección Electoral.
“No es constitucional ni institucionalmente aceptable sostener, por tiempo indeterminado, una situación en la que una banca exista formalmente, pero se encuentre vacía de ejercicio real”, sostuvo.
Además, planteó que el funcionamiento con quórum no resuelve el problema de fondo. “Poder funcionar no es lo mismo que funcionar como corresponde”, afirmó, al advertir sobre un posible deterioro del principio de representación política. Uno de los puntos centrales del planteo es la aplicación del mecanismo de corrimiento previsto en la Ley 2551.
Castillo explicó que, tras el fallecimiento del dirigente del Partido Libertario, José Caviglia —quien la precedía en la lista—, quedó posicionada como eventual reemplazante, por lo que solicitó que la Cámara evalúe la “procedencia del mecanismo de sustitución”.
En ese marco, pidió que se garantice la “integración efectiva” del cuerpo legislativo, se evite una “subrepresentación prolongada” y se ponga fin a lo que definió como una “situación de indefinición institucional”.
El reclamo también incluyó un pedido de intervención de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes, el envío de información a la Junta Electoral Provincial sobre el orden de la lista y el tratamiento preferente del caso en el recinto.
“La Cámara es dueña de la regularidad de su composición, de la legitimidad de sus votos y del honor institucional de sus integrantes. Por eso mismo, debe expedirse. Debe decidir. Debe resolver”, enfatizó en el escrito.
Desde el punto de vista político, el planteo también reaviva tensiones dentro del ecosistema que supo conformar La Unión Mendocina. Ese espacio tuvo como principales figuras a Omar De Marchi y Daniel Orozco —pareja de Ortiz—, hoy distanciados del oficialismo provincial.
En paralelo, el PRO ha tenido movimientos recientes, con sectores que se reacomodaron dentro del esquema de Cambia Mendoza y su vínculo con La Libertad Avanza.
El escrito de Castillo, quién formaba parte del equipo de asesores del diputado nacional de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, tendrá ingreso formal en los próximos días.
A partir de allí se activarán los plazos administrativos que obligarán a la Presidencia de la Cámara de Diputados a emitir una respuesta institucional sobre un tema que combina aspectos reglamentarios, judiciales y políticos.
Janina Ortiz es investigada en dos causas judiciales vinculadas a su paso por la Municipalidad de Las Heras, durante la gestión de Daniel Orozco. En una de ellas está imputada por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa.
La investigación apunta a un presunto manejo irregular de fondos destinados a cooperativas —en particular, Manos a la Obra— mediante el direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas para tareas de limpieza que, según la fiscalía, no se habrían prestado en las condiciones acordadas.
En esa causa también están imputados otros exfuncionarios de la comuna, incluido el propio Orozco.
La otra investigación es por “coacciones agravadas”. Allí se acusa a la diputada de haber presionado a una empleada municipal para que grabara a un funcionario —el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart— y luego le entregara ese material, en un contexto que, según el expediente, incluyó la presencia de un arma sobre la mesa.
Ambas causas, todavía no cuentan con fechas de audicencias, son el fundamento de la suspensión dispuesta por la Cámara, que se mantiene sin plazo definido hasta que exista una resolución judicial.