En medio de creciente tensión con el oficialismo, el PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada esta semana en la Cámara de Diputados.
El partido liderado por Mauricio Macri denunció una violación de la Constitución y pidió una medida cautelar para impedir que los nuevos auditores asuman.
El PRO presentó un amparo para frenar la designación de las autoridades de la Auditoría General de la Nación.
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En medio de creciente tensión con el oficialismo, el PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada esta semana en la Cámara de Diputados.
La resolución fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, quien advirtió que el procedimiento utilizado fue "abiertamente inconstitucional" y sostuvo que el planteo apunta a "defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones".
La terna cuestionada fue avalada con 186 votos a favor y dos abstenciones y está integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, cercano al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por el peronismo; y la exdiputada salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.
En el escrito presentado ante la Justicia, Ritondo cuestionó que las designaciones se hayan realizado fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, lo que según él, constituye una "violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional". "El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema", subrayó.
El legislador también criticó las condiciones en las que se llevó a cabo la votación, cerca de las "tres de la mañana del jueves", y señaló que se hizo "sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales". Para el PRO, esas irregularidades convierten el acto en "nulo de nulidad absoluta".
Además, Ritondo sostuvo que "lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado", y destacó:"La Auditoría General de la Nación no es un órgano administrativo interno: es un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos".
En la presentación, el bloque solicitó que la Justicia:
Finalmente, Ritondo aclaró que el amparo "no se trata de una discusión política ni de nombres propios, sino de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones".