El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la aprobación del contrato de garantía que permitirá a Mendoza acceder a un financiamiento de USD 75 millones otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
La Nación otorgó el financiamiento por USD 75 millones para el programa de optimización del servicio de agua potable en el Gran Mendoza y San Rafael.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la aprobación del contrato de garantía que permitirá a Mendoza acceder a un financiamiento de USD 75 millones otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Los fondos serán destinados a la ejecución del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable, con obras en el Gran Mendoza y en San Rafael.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 806/2025, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba tanto el modelo de Contrato de Garantía a firmarse entre la Nación y FONPLATA como el contrato de contragarantía entre el Estado nacional y la gestión de Alfredo Cornejo.
Según el decreto, el programa busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la optimización y ampliación de los servicios de producción y distribución de agua potable. Para ello, se prevén tres componentes principales: obras de infraestructura, fortalecimiento organizacional y administración y supervisión del proyecto.
FONPLATA se comprometió a asistir financieramente a Mendoza por un monto de hasta USD 75 millones, que serán ejecutados en los próximos años.
Para acceder al financiamiento, el Gobierno nacional actuará como garante solidario de las obligaciones asumidas por Mendoza ante el organismo internacional. El contrato establece que la Nación deberá asegurar el cumplimiento de los pagos, informar cualquier situación que afecte la ejecución del programa y garantizar que las operaciones se realicen libres de impuestos o restricciones.
Como condición, la Provincia de Mendoza firmará un Contrato de Contragarantía, mediante el cual se compromete a responder por los pagos en tiempo y forma. En caso de incumplimiento, la Nación estará autorizada a debitar automáticamente los fondos necesarios de la Coparticipación Federal de Impuestos.
El Banco Central evaluó el impacto en la balanza de pagos de las operaciones de garantía y concluyó que será “acotado y consistente” con la dinámica prevista para las operaciones externas.
Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público consideró que el costo financiero del préstamo es inferior al que la República podría obtener en el mercado, por lo que no presentó objeciones.
A su vez, el decreto faculta al ministro de Economía o a los funcionarios designados, a firmar los contratos y a realizar las modificaciones necesarias, siempre que no alteren aspectos sustanciales como el monto, el destino de los fondos o las condiciones del arbitraje.