El Gobierno provincial reconoció "incumplimientos" por parte de la empresa Minera Aguilar en la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe; y advirtió que "se están evaluando opciones sobre cómo seguir con el contrato".
Minera Aguilar debía concretar la planta piloto de Potasio Río Colorado en agosto pero no lo ha hecho. El Gobierno evalúa "cómo seguir con el contrato".
El Gobierno provincial reconoció "incumplimientos" por parte de la empresa Minera Aguilar en la reactivación del proyecto Potasio Río Colorado, en Malargüe; y advirtió que "se están evaluando opciones sobre cómo seguir con el contrato".
En concreto, desde el Poder Ejecutivo señalaron que aún no se ha realizado la "planta piloto" que la firma debía presentar en agosto, en el marco del plan con etapas claramente establecidas para tratar de extraer sales de potasio, un proyecto que dejó trunco la minera brasileña Vale en 2013.
La venta de Potasio Río Colorado a Minera Aguilar (propiedad del empresario mendocino José Luis Manzano) y a la empresa brasileña ARG se concretó durante el gobierno de Rodolfo Suárez. Los decretos que ratificó la Legislatura a finales de octubre de 2023 establecieron el traspaso a los privados del 88% de las acciones, mientras que el Estado provincial, a través de Impulsa Mendoza Sostenible, se quedó con 12% restante.
Según la propuesta original, Minera Aguilar se había comprometido a invertir 1.000 millones de dólares en cinco años y tenía previsto producir 1,5 millones de toneladas anuales de sales de potasio.
Sin embargo, el incumplimiento inicial del privado hace decaer las expectativas, más allá de que el Gobierno provincial aseguró hasta ahora que cuenta con herramientas para actuar ese caso.
Según difundió oficialmente el Gobierno provincial en 2023, el contrato tiene "una estructura que garantiza su cumplimiento". Destacó en ese momento las tres herramientas con las que contaba para presionar al privado: un cronograma preestablecido de ejecución de obras asociado a una estructura de multas progresivas en caso de atraso; un seguro de fiel cumplimiento ante la eventualidad de una interrupción contractual; y un fideicomiso de garantía administrado por Mendoza Fiduciaria que "en caso de una interrupción del contrato, le devolverá las acciones a la Provincia".
El Gobierno planteó en su momento que el fideicomiso de garantía sería una medida efectiva para evitar "los inconvenientes que se generaron con Vale y que demoraron 10 años la posibilidad de retomar la iniciativa".
En este contexto, el actual gobernador, Alfredo Cornejo, tenía la expectativa de que Potasio Río Colorado iniciara la producción en su planta piloto durante el primer semestre de este año, cosa que no ocurrió. Así lo había manifestado Cornejo en la Cumbre de Minería y Sostenibilidad de Mendoza que se realizó en el hotel Hilton en noviembre del año pasado.
El proceso de recuperación y puesta en marcha de la mina Potasio Río Colorado empezó en 2020, cuando la Provincia volvió a tomar el control del yacimiento y los activos que Vale había dejado en 2013.
Luego, a lo largo de 30 meses, se buscaron inversores. Esta parte estuvo a cargo del banco suizo Banco de Inversiones UBS Securities, el cual determinó que "Compañía Minera Aguilar SA era la que mejor se alineaba a los objetivos de inversión y knowhow para poner en marcha la mina", según difundió oportunamente el Poder Ejecutivo.
Los activos recuperados rondaban, según el cálculo oficial, los 250 millones de dólares. Incluían un predio de 80 mil hectáreas con un aeropuerto e infraestructura para alojar a unas 3.000 personas.
Además de la extracción de sales de potasio, el Gobierno se habían planteado la creación de un polo de servicios para industrias y pymes del sur.
La firma del contrato de traspaso se inició el 12 de setiembre de 2023. Lo suscribieron el exgobernador Suárez y Nicolás Mallo Huergo, en representación de Minera Aguilar SA. Estuvieron presentes otros funcionarios provinciales y hasta representantes del Ministerio de Industria de Brasil, entre otros.
La reactivación de Potasio Río Colorado fijaba obligaciones tanto para el privado como para el Estado, cuyo compromiso es dotar al proyecto de energía eléctrica y rutas. Según el esquema contractual, al no haber concretado la planta piloto, Minera Aguilar podría recibir multas del orden del 5% de la inversión prevista en este tramo