El Ministerio de Capital Humano intimó a las autoridades de las universidades públicas nacionales a presentar planes de contingencia que permitan garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes y no docentes que afectan al sistema.
El Ministerio de Capital Humano pidió a las universidades públicas que informen cómo garantizarán las clases frente a los paros docentes y no docentes.
El Ministerio de Capital Humano intimó a las autoridades de las universidades públicas nacionales a presentar planes de contingencia que permitan garantizar el dictado de clases en medio de los paros docentes y no docentes que afectan al sistema.
El requerimiento fue canalizado a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y apunta a asegurar la continuidad del ciclo lectivo y el acceso de los estudiantes a la educación, en un contexto de creciente conflictividad.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello manifestaron “extrema preocupación” por la suspensión total de la actividad académica en distintas instituciones del país. En ese marco, solicitaron a los rectores que detallen qué medidas adoptarán para sostener el funcionamiento del sistema universitario.
Entre las alternativas mencionadas se incluyen la implementación de modalidades virtuales, la reprogramación de clases y esquemas que contemplen a docentes que no adhieran a las medidas de fuerza. El objetivo es evitar que los estudiantes pierdan la regularidad o se vean afectados en instancias clave como exámenes.
El planteo también pone el foco en la duración de los paros, que en algunos casos se extienden durante semanas, y en la responsabilidad de las autoridades universitarias para garantizar la continuidad académica en ese escenario.
El Gobierno vinculó esta exigencia con el uso de los recursos públicos destinados a las universidades. Según el comunicado oficial, el financiamiento estatal está orientado al cumplimiento de los fines educativos establecidos por la normativa vigente.
En esa línea, advirtió que el sostenimiento financiero del sistema requiere como condición la operatividad de las instituciones y la protección del derecho a enseñar y aprender.
La intimación se produce en la antesala de una nueva marcha federal universitaria, convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina y el Frente Gremial.
La movilización tendrá como eje el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que, según el sector, resulta clave para garantizar salarios, becas y programas de investigación. Será la cuarta protesta del ámbito universitario en lo que va de la actual gestión.