El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), exige a la AFA y a la Liga Profesional que justifiquen gastos e inversiones que superan los USD 450 millones.
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El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Justicia y la IGJ, ha intimado formalmente a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol a que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. La Superliga, aunque ya no está en funciones, es mencionada dado que los reclamos de la IGJ datan de observaciones realizadas en estados contables de incluso ocho años atrás.
La intimación busca que ambas entidades presenten documentos que respalden gastos e inversiones vinculados con las cifras contenidas en sus estados contables. Los balances bajo observación superan, en conjunto, los USD 450.000.000.
La IGJ exige a la Asociación del Fútbol Argentino, que es una asociación sin fines de lucro, que presente documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales. Las entidades deben responder a todas las preguntas sobre las observaciones realizadas, tal como se le exige a "todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones".
El Gobierno enfatizó su compromiso con la igualdad ante la Ley, asegurando que "Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios". Asimismo, advirtió que "la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos".
Esta medida se da en el marco de un conflicto que el Gobierno mantiene con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Previamente, Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción.
Esta denuncia preliminar se relaciona con una investigación judicial en curso a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, sobre la firma Real Central SRL y dos personas señaladas como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.
Entre los activos analizados se encuentra una estancia de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Pilar, que incluye helipuerto e instalaciones deportivas, cuya transferencia de dominio pasó de un exfutbolista de Boca (Carlos Tévez) a una proveedora oficial de la AFA (Malte S.R.L.), y finalmente a Real Central S.R.L..
La IGJ, en meses anteriores, ya había solicitado explicaciones por irregularidades en siete ejercicios contables consecutivos, detectando inconsistencias como cifras concentradas en cuentas genéricas ("Otros" y "Varios") y la falta de firmas de autoridades correspondientes en estados contables. En particular, el ejercicio 2023 mostró la cuenta "Varios" con un monto desproporcionado de $7.526.369.503.
Desde la AFA, las autoridades denunciaron una "evidente persecución política" contra los directivos de la entidad. Sostuvieron que han enfrentado un ataque coordinado por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores, quienes previamente intentaron obstruir la realización de la Asamblea de la AFA.
También cuestionaron la intención del Poder Ejecutivo de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo cual va "en contra de la libertad que tienen los clubes" de elegir el modelo de Asociaciones Civiles.
Finalizaron su comunicado indicando que, mientras otros critican desde afuera, ellos siguen enfocados en el fútbol, y que si esto genera sospechas o debates interminables, "será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien".
Como si se tratara de una auditoría masiva a una biblioteca, la IGJ no solo pide ver el balance final de los libros, sino que exige abrir las cajas que contienen los volúmenes de gastos e inversiones para asegurarse de que el contenido concuerde con el inventario declarado y con el propósito original de la asociación.