Romina Crisafulli enfrentaba severas denuncias por parte de la titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Saint-André.
Romina Crisafulli, la defensora oficial que renunció a su cargo.
Foto:
Web El Gobierno provincial aceptó la renuncia de la doctora Romina Crisafulli al cargo que desempeñaba como Defensora Penal de Pobres y Ausentes en San Rafael. La funcionaria había sido denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento por la titular del Ministerio Público de la Defensa, Cecilia Sanit-André.
Crisafulli fue acusada por las causales de desorden de conducta y mal desempeño, por varios motivos, entre ellos inasistencias injustificadas desde 2024, la presentación de certificados apócrifos y el cambio de domicilio a la Ciudad de Mendoza, abandonando la Segunda Circunscripción Judicial donde debía prestar funciones.
A esto se sumó el ejercicio del comercio, actividad prohibida por ley para su cargo, tras ser vinculada a publicaciones de una empresa en Facebook, que formaron parte de una ampliación de la denuncia presentada por la Defensora General luego.
En ese contexto, el 11 de diciembre, el Jury de Enjuiciamiento resolvió dar trámite a la denuncia y le corrió traslado para que ejerciera su derecho de defensa. El plazo vencía este jueves 12 de febrero y Crisafulli optó por presentar su renuncia formal, con vigencia a partir del 9 de febrero.
La vicegobernadora Hebe Casado, en ejercicio del Poder Ejecutivo por la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo, aceptó la dimisión mediante el Decreto Nº 258, firmado el 10 de febrero y publicado este miércoles en el Boletín Oficial.