El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) oficializó este martes, a través del Boletín Oficial, una serie de resoluciones que imponen severas multas a diversas cooperativas y empresas distribuidoras de energía en la provincia.
El entre rugulador aplicó multas económicas y los montos de las bonificaciones serán destinados mayoritariamente a los usuarios de baja tensión.
La resolución oficial establece que las sanciones deben acreditarse en "tiempo y forma", bajo la supervisión de la Gerencia Técnica del Suministro para evitar cargos adicionales por demora
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El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) oficializó este martes, a través del Boletín Oficial, una serie de resoluciones que imponen severas multas a diversas cooperativas y empresas distribuidoras de energía en la provincia.
Las sanciones, que en conjunto superan los 361 millones de pesos, responden a incumplimientos en los estándares de Calidad de Servicio Técnico durante el Trigésimo Tercer Semestre de Control (Etapa 2), periodo que culminó el 31 de julio de 2025.
Las resoluciones, firmadas por el directorio del EPRE el pasado 13 de marzo, detallan los montos que cada entidad deberá acreditar, principalmente en forma de bonificaciones a sus usuarios. A continuación se detallan las empresas sancionadas:
Según lo dispuesto por el regulador, la mayor parte de estos fondos se destinará a bonificaciones para los usuarios con suministro en Baja Tensión (BT). Por ejemplo, en el caso de CECSAGAL, más de 141 millones de pesos irán directamente a sus clientes de esta categoría. Una porción menor de las multas será derivada al Fondo Compensador de Tarifas.
El EPRE ha instruido a su Gerencia Técnica del Suministro para que verifique que estas acreditaciones se realicen en "tiempo y forma". Además, se advirtió que, en caso de mora en el cumplimiento de estas bonificaciones, se aplicarán intereses legales computados desde la fecha en que debió cumplirse la obligación hasta su efectiva acreditación.
Estas medidas se basan en el análisis de los indicadores de calidad presentados por las propias distribuidoras, los cuales fueron verificados por la Gerencia Técnica del EPRE, confirmando que existió un apartamiento de los límites admisibles establecidos en los contratos de concesión.
La normativa vigente exige que, tras el cierre de cada semestre controlado, se ajusten los saldos de crédito a bonificar según el incremento del Valor Agregado de Distribución de Referencia a Usuario Final (VADRUF).