La oposición asestó hoy un fuerte golpe al Gobierno al rechazar en la Cámara de Diputados el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso.
El oficialismo perdió aliados y no logró sostener la medida presidencial. La propuesta se aprobó por 172 votos a favor y hubo 73 en contra. Ahora pasa al Senado.
La Cámara de Diputados se encamina hoy convertir en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, dado que la oposición asegura tener el quórum y los votos para aprobar esas iniciativas.
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NA / Juan Vargas La oposición asestó hoy un fuerte golpe al Gobierno al rechazar en la Cámara de Diputados el veto a la ley de emergencia en Discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la ley aprobada por el Congreso.
El veto del presidente Javier Milei fue rechazado por 172 contra 73 votos y dos abstenciones.
Además, acompañaron el rechazo al veto la ex libertaria Lourdes Larrieta; cinco diputados del PRO y los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcano, mientras la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se abstuvo.
En tanto, los diputados que respaldaron al Gobierno fueron 34 de La Libertad Avanza (LLA), 30 del PRO, tres radicales y seis de diputados de Liga del Interior.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo uso del artículo 42 del reglamento para emitir su voto.
Ahora, para que la ley quede firme, el rechazo al veto deberá ser aprobado también por los dos tercios del Senado.
La ley establece la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y fija un mecanismo automático de las prestaciones en base a la inflación.
La iniciativa recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
En el cierre del debate, el diputado de LLA Santiago Santurio, rechazó con dureza la ley de emergencia en materia de Discapacidad y señaló que “el kirchnerismo está dispuesto a prender fuego el país para gobernar sobre las cenizas”.
“Lo de ustedes es lo peor que le pasó a la Argentina. Hay un nuevo modelo en la Argentina que redujo la pobreza y esto no es hablar con el corazón, es hablar con los datos”, expresó.
Por su parte, el diputado de UxP Eduardo Valdes dijo tener el “orgullo de hablar en defensa del colectivo de personas con discapacidad. Ojalá podamos llegar un acuerdo y resolver antes de que llegue al Senado, que el gobierno entienda y resuelva”, añadió.
“No hay nada más transversal que la ley que consagra los derechos y las prestaciones de las personas con discapacidad. A la salud y a la educación”, agregó.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Victoria Borrego advirtió que “las acciones del Poder Ejecutivo están violando con la Constitución y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
“El otro punto al que hace referencia el Gobierno es que con esta ley se desfinanciaría el fondo de redistribución, y aquí quiero decir que entiendo que el primero que ha desfinanciado ese fondo ha sido el Gobierno beneficiando a las prepagas”, acotó.
Por su parte, Danya Tavela, de Democracia para Siempre, afirmó que “acá hay un solo responsable de que estemos en esta situación y es el Gobierno nacional”.
“El Presidente de la Nación decidió hacer el ajuste fácil, que va sobre aquellos que son los más vulnerables”, afirmó.
La radical denunció que “el ajuste del Gobierno no fue a la casta” sino que, por el contrario, “conformó una casta que vive a costa de licuar los salarios, las jubilaciones, pensiones discapacidad, salud y educación”.
En tanto, la diputada de la UCR Natalia Sarapura sostuvo que el rechazo al veto de la ley “generó un consenso social y político” que hoy se ratificó.
La legisladora puso en valor “la resistencia, la resiliencia y el mensaje de dignidad” de las personas con discapacidad y sus dirigentes.
Por su parte, Esteban Paulón, de Encuentro Federal, cuestionó al Gobierno por “poner a alguien que no tiene ninguna capacidad al frente de la agenda de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
“Será amigo de Milei, pero de discapacidad no sabe nada”, fustigó el socialista y recordó los agravios del funcionario a Ian Moche, un niño con autismo.
Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, señaló que “esta semana quedó claro que el Gobierno puede comprometer nuevo gasto por 500 mil millones de pesos por mes para sostener el valor del dólar, pero no pueden encontrar una mínima porción de ese impacto fiscal para aminorar la situación que viven las personas con discapacidad”
La ley, sancionada inicialmente a principios de julio, busca:
El Gobierno justificó su veto argumentando el elevado costo fiscal de la medida. En el decreto de veto, calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59% del PBI). Según sus proyecciones, el grueso de este gasto provendría de la ampliación del universo de beneficiarios de la pensión, que alcanzaría a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), estimadas en 1,5 millones de potenciales titulares. Solo las nuevas pensiones demandarían más de $2,1 billones en 2025 y casi $4,7 billones en 2026. A esto se sumarían costos adicionales por la incorporación al Programa Incluir Salud y la actualización de aranceles.
Sin embargo, estas cifras no coinciden con las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). La OPC calculó un impacto fiscal más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Además, la OPC indicó que si la emergencia en discapacidad se aplicara únicamente sin otros ajustes (como la movilidad jubilatoria o bonos adicionales), el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
Con esta decisión de Diputados, la "pulseada se traslada ahora al Senado", donde el oficialismo enfrenta un escenario "aún más adverso que en la Cámara baja". Este pisodio marca un nuevo y significativo revés para la administración libertaria, que ve desafiado uno de los pilares de su estrategia económica y un emblema clave para su campaña electoral.