Con 9 votos afirmativos, el Concejo Deliberante de Tupungato destituyó a Facundo Arce por una denuncia por violencia de género en 2024.
El concejal de Tupungato, Facundo Arce, fue destituido por violencia de género.
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Prensa TupungatoEl Concejo Deliberante de Tupungato destituyó al concejal Facundo Arce (Partido Federal). Fue tras concluir un proceso interno iniciado a partir de una denuncia por violencia de género. Este jueves se sometió a votación la permanencia del edil dentro del órgano legislativo, resultando de 9 votos afirmativos entre los 10 miembros del cuerpo. Arce no participó de la votación.
La decisión se adoptó luego de que la denunciante efectuara la presentación correspondiente y de que el cuerpo legislativo conformara una comisión investigadora, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de Mendoza (Ley 1079). La comisión llevó adelante el análisis del caso durante casi un año. En ese marco, el 27 de noviembre el HCD tupungatino dispuso la suspensión preventiva del edil por 15 días hábiles. Tiempo dispuesto para que Arce tuviera acceso al expediente y el derecho a defensa, conforme al procedimiento previsto por la normativa vigente.
Finalmente, en la sesión realizada este jueves, y una vez concluida la instancia de descargo y evaluado el informe final de la comisión investigadora, el cuerpo resolvió de manera definitiva la situación del concejal, que derivó en su destitución.
"Finalmente fui destituido como concejal" arranca diciendo Facundo Arce en un video que difundió en su cuenta de Facebook tras la sesión. También cuestionó la decisión del cuerpo legislativo. “Estos son los costos políticos que tiene que pagar un funcionario por hacer las cosas bien”, expresó, y sostuvo que la destitución se produjo “pese a que la Justicia había archivado la denuncia y a que la Fiscalía no encontró ningún delito”.
En ese marco, semanas atrás, cuando se conoció la suspensión preventiva del edil para que preparara su defensa, la presidenta del legislativo departamental, Marcela Granizo, había aclarado que la denuncia también había sido analizada en sede judicial y que la Fiscalía determinó que no existía delito penal, aunque remarcó que el accionar del Concejo Deliberante y el de la Justicia transitan por carriles independientes. “Son caminos distintos la Justicia y lo que ha hecho el Concejo Deliberante”, dijo.
Y en su explicación a Los Andes, indicó que la Ley 26.485 contempla distintos tipos de violencia, no todos con encuadre penal, y que el cuerpo legislativo cuenta con facultades propias para evaluar este tipo de situaciones. “El Concejo Deliberante tiene la potestad de conformar comisiones investigadoras y dar tratamiento a los temas que considere pertinentes”, aseguró Granizo.
El caso tomó trascendencia pública el 27 de noviembre, cuando el Concejo Deliberante aprobó la suspensión preventiva de Arce por 15 días hábiles. El plazo fue dispuesto para que el concejal pudiera acceder al expediente y preparar su defensa, tal como lo establece el procedimiento interno del cuerpo legislativo.
En esa oportunidad, la suspensión fue aprobada por 8 votos afirmativos, uno en contra y una abstención, alcanzando los dos tercios necesarios para avanzar con la medida. Votaron a favor la presidenta del HCD, Marcela Granizo, junto a José Luis Giuliani, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera y Mónica Benítez (bloque Cambia Mendoza), además de los concejales Marcelo Sánchez y Ruth Lucero (Partido Justicialista) y Jorge Llul (Nuevo Tupungato). El concejal Antonio Balderrama se abstuvo, mientras que Facundo Arce votó en contra.
En ese momento, en diálogo con Los Andes, Granizo había explicado que, una vez cumplidos los plazos, la normativa era clara: “La ley dice que o se absuelve o se destituye. Todo depende de cómo venga él con su defensa”.
Según explicó la presidenta del Concejo Deliberante, Marcela Granizo, la denuncia original fue presentada el 4 de octubre de 2024 por la asesora legal del cuerpo, quien aseguró haber sido violentada verbalmente por Arce durante una instancia laboral. A partir de esa presentación, el cuerpo resolvió activar los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones, lo que derivó en la conformación de una comisión investigadora con participación de representantes de distintos bloques políticos.
