8 de octubre de 2025 - 16:52

Designaron al juez Daniel Rafecas en la causa de violencia de género de Alberto Fernández

El magistrado fue sorteado para ser quien intervenga en el caso luego de que la Cámara Federal de Casación Penal apartó al juez federal Julián Ercolini.

Rafecas había sido propuesto por Alberto Fernández como procurador General de la Nación al principio de su mandato. Luego de unos meses, envió su pliego al Senado para ser designado como jefe de los fiscales. De todos modos, la postulación fue resistida por el kirchnerismo.

Ercolini fue apartado luego de un pedido de la defensa de Fernández “con el fin de alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes”. Los abogados del ex presidente plantearon que Fernández y Ercolini tuvieron una amistad que se convirtió en enemistad.

Alberto Fernández
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Tras ser procesado en la causa Seguros, Alberto Fernandez dijo que lo persiguen "por ser peronista"

En este sentido, el ex presidente había celebrado el domingo último en redes sociales la decisión judicial que apartó a Ercolini de la causa iniciada por Yañez, al considerar que ese magistrado “no actuó con imparcialidad”.

“Ercolini fue apartado por no haber actuado con imparcialidad. Es el mismo magistrado que me persigue vengativamente porque lo denuncié por un viaje que disfrutó en Lago Escondido”, expresó Fernández desde sus redes sociales.

La causa contra Alberto Fernández se encuentra en la etapa previa al juicio oral. El fiscal federal Ramiro González dio por concluida la etapa de instrucción y solicitó que el caso avance a juicio. La defensa del ex presidente se opuso a esta decisión, presentando diversos planteos que fueron rechazados por el juez Ercolini y que actualmente están siendo revisados por la Cámara Federal.

Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá asumir el control del expediente, resolver sobre la posible elevación a juicio y también pronunciarse respecto a los recursos que presentará la defensa.

Fernández enfrenta un procesamiento por los delitos de lesiones leves y graves agravadas, ambos enmarcados en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. En caso de ser hallado culpable, la pena podría alcanzar los 18 años de prisión.

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