Las CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma presentaron la denuncia ante la Justicia federal. Afirman un presunto seguimiento encubierto a dirigentes gremiales, políticos y organizaciones sociales.
Javier Milei fue denunciado penalmente por presunto "espionaje".
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La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores denunciaron ante la Justicia federal por posible “espionaje ilegal”. La acusación apunta al presidente Javier Milei y al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert.
Los secretarios generales Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo Godoy (CTA-A) radicaron la denuncia penal por el presunto seguimiento encubierto a dirigentes gremiales, políticos y organizaciones sociales, basándose en una investigación periodística. Esta aludía a informes secretos elaborados por la SIDE.
Según destaca la acusación, la Secretaría de Inteligencia “monitoreaba actividades políticas y sindicales como marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales”.
“Los informes, que detallan fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados, no hacen mención a riesgos para la seguridad nacional, y estarían orientados exclusivamente a mapear y anticipar acciones opositoras, en un accionar que viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política”, sostuvieron las CTA en la denuncia.
Ambas centrales aparecen mencionadas en esos informes, al igual que otras expresiones del movimiento sindical y social, ante lo que remarcaron que “no hay justificación legal ni judicial para estas prácticas que remiten a lo peor del pasado autoritario en nuestro país por lo que se exige que se investigue hasta las últimas consecuencias”.
“Es un hecho de una gravedad institucional enorme, que pone en riesgo las garantías democráticas. Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho”, agregaron a través de un comunicado.
La presentación de las CTA solicitó que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial y, en su defecto, se determine la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente, en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
Además, ambas centrales sindicales pidieron ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, “en representación de los trabajadores y trabajadoras que pudieron haber sido víctimas de estas maniobras ilegales”.