La investigación del caso de corrupción que afecta a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registró a su primer detenido: se trata de Pablo Atchabahian, un médico urólogo y exfuncionario del organismo.
Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, está con arresto domiciliario y es el primer detenido en la causa. El urólogo es investigado por supuestas coimas
Pablo Atchabahian, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está con arresto domiciliario en Mendoza y es el primer detenido en la causa.
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Gentileza La investigación del caso de corrupción que afecta a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) registró a su primer detenido: se trata de Pablo Atchabahian, un médico urólogo y exfuncionario del organismo.
Atchabahian fue detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello. El fiscal Franco Picardi lo señala como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.
Atchabahian fue ubicado en su casa de Mendoza, quedó bajo prisión domiciliaria y, por el momento, se negó a declarar. Su detención se justificó, según el juez Casanello, debido a que no pudo ser localizado en los primeros allanamientos y porque llevaba semanas eludiendo a la Justicia. La detención se llevó a cabo mediante una prórroga de jurisdicción dispuesta por el propio Casanello.
Según la fiscalía, Atchabahian no era un actor lateral sino “un operador clave que conectaba los intereses de proveedores, empresarios y funcionarios”, articulando un esquema donde actores externos influían y definían contrataciones millonarias.
El nombre de Atchabahian aparece en “todos los puntos sensibles del expediente”, incluyendo los chats donde se delineaba la supuesta “toma de la ANDIS” y el circuito financiero bajo sospecha. El expediente destaca su rol dentro del grupo que la fiscalía describe como un círculo íntimo que buscaba instalarse en el organismo estatal para manejar contrataciones.
Este círculo íntimo, al que la fiscalía describe como el "Grupo Museo", fue creado en febrero de 2022 en WhatsApp e integrado por Atchabahian, Daniel Garbellini, Patricio “Pato Country” Rama y Mariano Caballi. De esas conversaciones se desprendía una relación de extrema confianza, tal como el propio Atchabahian escribió: “Somos familia”.
En otro mensaje decisivo, Atchabahian proyectaba su vuelta a la gestión estatal, mencionando un plan de “4 años más de gestión” a partir de 2024, con el objetivo de retornar a la dirección de la ANDIS, cargo que ya había ocupado en 2018 como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud.
La fiscalía sostiene que, a pesar de no ocupar ningún cargo formal desde 2022, Atchabahian daba órdenes directas a Daniel Garbellini (quien fue designado en ANDIS en 2024), y este las acataba. Garbellini, ex Director de Acceso a los Servicios de Salud, había sido su subordinado anteriormente.
Desde afuera del Estado, Atchabahian decidía: a quién pagar y a quién no; qué proveedores habilitar en el sistema SIIPFIS para cotizar; qué personal despedir; y qué personas externas debían ser incorporadas al circuito administrativo. Incluso se lo acusa de ordenar frenar pagos a la droguería Dihemo y de pedir por la 20 de Junio.
Según la acusación de Picardi, bajo la influencia de este grupo, se habrían beneficiado empresas vinculadas a los imputados, especialmente en contrataciones de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). El fiscal detalló que se manipuló la compulsa de precios para restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito de proveedores determinado, como las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.. Además, se detectó que parte de los fondos desviados podría haber sido redireccionada hacia empresas sin relación con el sector salud, como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A., en maniobras que podrían configurar movilización y presunto blanqueo de recursos públicos.
El expediente describe “acciones ilícitas coordinadas y en paralelo” que incluyen Incumplimiento de deberes de funcionario público, Recepción y erogación de pagos indebidos, Administración fraudulenta, y Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El juez Casanello ha citado a un total de 15 personas a declaración indagatoria, incluyendo a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, entre otros. Spagnuolo y Garbellini, a diferencia de Atchabahian, permanecen en libertad bajo medidas restrictivas, ya que Casanello consideró que se ajustaron a derecho.