El gobernador Alfredo Cornejo participó esta mañana del plenario del Consejo de Mayo que se desarrolló en Buenos Aires y presentó ante la mesa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una propuesta de reforma educativa elaborada con otros mandatarios firmantes del Pacto de Mayo.
El mandatario provincial les explicó a los demás integrantes del Consejo de Mayo que el sistema educativo argentino requiere un financiamiento claro, eficiente y estratégicamente diseñado, informaron desde su entorno.
Cornejo reconoció entonces que “en materia educativa hubo consultas amplias y coincidencias entre 12 y 15 provincias en torno a los lineamientos impulsados por Mendoza”.
Señaló que es indispensable superar el modelo de gasto reactivo y avanzar hacia una inversión estable, predecible y altamente focalizada en los pilares del Plan Estratégico de Alfabetización Nacional y en las prioridades definidas por cada provincia.
Cornejo subrayó que el ejercicio pleno del derecho constitucional a la educación demanda una inversión pública suficiente, sostenida y equitativa. Advirtió que el sistema actual se ve limitado por la ausencia de recursos predecibles, la persistencia de profundas desigualdades territoriales y la necesidad de encarar transformaciones críticas que requieren financiamiento específico.
En esta línea, destacó que la educación debe ser considerada una política de Estado y no una variable de ajuste. Por ello, sostuvo que la ley de financiamiento debe fijar un piso seguro, garantizando que el presupuesto anual nunca sea inferior al ejecutado el año anterior y que se actualice, como mínimo, por la inflación o por la variación de la masa salarial docente.
Esta cláusula permitirá a las jurisdicciones planificar a mediano y largo plazo sin quedar expuestas a fluctuaciones coyunturales. Recordó, además, que las provincias aportan históricamente cerca del noventa por ciento de la inversión total en educación.
Entre los instrumentos propuestos, Cornejo destacó la creación del Mecanismo Federal de Compensación Educativa, diseñado para distribuir recursos con criterios de justicia distributiva.
Este mecanismo asigna fondos adicionales a aquellas jurisdicciones que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad socioeducativa, poseen infraestructura deficitaria o cuentan con una capacidad fiscal limitada, permitiendo así reducir brechas estructurales.
Tres fondos de distribución
El proyecto presentado por las provincias se articula a través de tres pilares centrales:
- Fondo Federal Único de Becas Educativas: unifica los programas actuales y evita su fragmentación.
- Fondo Federal Único Rotativo Provincial: destinado a atender urgencias edilicias y brechas digitales mediante recursos ágiles y de ejecución directa para obras e infraestructura tecnológica.
- Fondo Federal de Estímulo al Desempeño Docente: orientado a fortalecer la profesión docente mediante incentivos para zonas críticas, apoyo a la formación continua y financiamiento para la ampliación de la jornada escolar.
Finalmente, Cornejo remarcó que la inversión educativa debe ir acompañada por estándares estrictos de transparencia. El proyecto prevé mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, con publicación trimestral de datos y auditorías periódicas, a fin de asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer la confianza pública en el sistema.
La propuesta, afirmó, transforma el financiamiento educativo de un gasto operativo a una verdadera inversión estratégica orientada a garantizar aprendizajes de calidad para niñas, niños y jóvenes en todo el país.
Reforma tributaria
El gobernador también sostuvo en conferencia de prensa que aportó en el análisis sobre equilibrio fiscal, reducción del gasto y reforma impositiva, donde tomó como referencia la experiencia provincial.
Sobre el aspecto impositivo explicó que “cualquier reforma tributaria provincial orientada a la baja de impuestos debe estar vinculada al esquema de coparticipación, ya que sin una modificación del sistema es muy difícil avanzar en cambios fiscales”.
Recordó que estas diferencias quedaron expresadas durante el trabajo del Consejo y que otros sectores también presentaron aportes sobre los distintos capítulos.
Sobre ambos ejes, Adorni coincidió al afirmar que la reducción del gasto público y la modernización del sistema educativo constituyen dos pilares centrales de la agenda que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
El jefe de Gabinete sostuvo que el país avanza en un proceso de ordenamiento fiscal que busca “quitarle la mochila del peso del Estado a los ciudadanos y a las empresas” y consolidar un sendero de equilibrio sostenible.
Reforma laboral
Al referirse a la reforma laboral y a los derechos adquiridos, Cornejo afirmó que “están contemplados” y que los cambios se aplicarán únicamente a las relaciones laborales futuras.
Consultado sobre las críticas de sectores gremiales, sostuvo que el Consejo no fue antisindical y valoró el trabajo del titular de la UOCRA, Germán Martínez, quien no participó de este último cónclave.
Cornejo fue más allá y describió al sindicalista como un dirigente “siempre muy respetuoso y trajo propuestas positivas”. Añadió que existen coincidencias y diferencias entre las posiciones de UIA, sindicatos y provincias, y que el informe del Consejo refleja cada una de ellas.
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Por su parte, Adorni informó también que habrá documentos disponibles a los cuales se les irán sumando nuevas propuestas a medida que se elaboren.
Otros de los temas que se abordarán son: la reforma sobre propiedad privada que contempla indemnizaciones a valor de mercado, entrega inmediata de inmuebles ante usurpaciones y la eliminación de restricciones para la venta en barrios y para la compra de tierras rurales por extranjeros.
En la misma sintonía que la política fiscal de Mendoza, Adorni destacó el envío al Congreso de una Ley de Compromiso Nacional para prohibir el déficit, establecer ajustes automáticos y convertir en delito el gasto sin partida, además de impedir el financiamiento del Tesoro mediante adelantos del Banco Central.
Señaló que, mientras la Nación redujo su gasto en 2025, varias provincias y municipios lo incrementaron. El Consejo propone condicionar el acceso a ATN para las jurisdicciones que no adhieran o incumplan metas fiscales.