Consejo de la Magistratura: Cristina Kirchner apuntó contra Horacio Rosatti y “la casta de la que nadie habla”

Cristina Fernández de Kirchner - Foto Federico Lopez Claro
Cristina Fernández de Kirchner - Foto Federico Lopez Claro

Rosatti asumiría mañana como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, ya que se cumplió el plazo otorgado por la Corte al Congreso para aprobar una nueva composición de ese organismo.

Cristina Kirchner apuntó contra Horacio Rosatti, quien en calidad de presidente de la Corte Suprema asumirá este lunes ese rol frente al Consejo de la Magistratura.

“¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dió (sic) cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina tu país? Qué raro… con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios”, escribió en Twitter la vicepresidenta.

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“La casta de la que nadie habla”, dijo Cristina Kirchner al citar una publicación del periodista cordobés Matías Mowszet.

“Mañana el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás”, le lee en la captura que publicó la vicepresidente.

“Aceptó entrar a la Corte por decreto. Ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo 5 jueves, fue decisivo. Dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura”, agregó a continuación Mowszet.

Rosatti asumiría mañana como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, ya que se cumplió el plazo otorgado por la Corte al Congreso para aprobar una nueva composición de ese organismo.

En diciembre pasado el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que en 2006 -durante la presidencia de Néstor Kirchner- redujo de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo.

Dieciséis años después, al declarar la inconstitucionalidad de esa norma, la Corte dispuso el retorno a la vieja estructura devolviéndole vigencia a una ley derogada por el Congreso, y otorgó un plazo de 120 días al Parlamento para que emitiera una nueva ley que le dieran marco a lo sentenciado en esa resolución.

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