El Gobierno Nacional está en conversaciones con empresarios y gremios para negociar las reformas. Enviarán el proyecto luego del recambio en el Congreso.
Cómo es la reforma laboral que negocia el Gobierno e impulsará con la nueva conformación de las Cámaras.
Foto:
Con el envión de los resultados de las elecciones legislativas, el Gobierno impulsará una profunda reforma laboral orientada a modernizar la legislación y facilitar la contratación. La iniciativa que busca consensos de sindicatos y empresarios, según la Rosada, promete "modernizar un régimen contractual que tiene más de 70 años y no está diseñado para este mundo”.
Según información de Clarín, las reformas comenzaron a discutirse en junio, cuando tuvo lugar la primera reunión del Consejo de Mayo.
El proyecto contempla ajustes en las negociaciones paritarias, convenios de trabajo, sistema de indemnizaciones por despidos, aumentos salariales individuales por productividad (salario dinámico) y una búsqueda en bajar la litigiosidad laboral.
La reforma en debate considera la ampliación de la jornada laboral, permitiendo bancos de horas, compensaciones y extensiones de hasta 12 horas diarias que podrán ser acordadas en paritarias y convenios colectivos.
Respecto a este último, impulsan el fin de la "ultraactividad" por la cual los convenios colectivos de trabajo tienen vigencia en continuado, sin necesidad de ratificación, hasta tanto no haya un cambio consensuado específico.
Además, introduce cambios en las vacaciones, donde el proyecto propone que podrán otorgarse en cualquier momento del año y fraccionarse en períodos no menores a una semana. Se garantiza una temporada de verano cada dos años para cada trabajador, salvo que el propio empleado disponga lo contrario.
En cuanto a las indemnizaciones para micro, pequeñas y medianas empresas, quieren que puedan pagarse en hasta doce cuotas mensuales con topes proporcionales a la sentencia judicial, a la vez que se facilitará la homologación de acuerdos para reducir litigios laborales.
Sobre la flexibilización de convenios colectivos, impulsan priorizar acuerdos por empresa que contemplen la productividad, el mérito y la sustentabilidad económica que por sobre los incrementos automáticos por inflación.
Entre los incentivos fiscales, se crea un bono de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos vínculos laborales durante los primeros 18 meses de vigencia. El beneficio alcanzará el 100% de las contribuciones patronales para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías.
El proyecto redefine los beneficios sociales, excluyendo del salario conceptos como almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil o reintegros médicos, e introduce un procedimiento de control médico centralizado en la Secretaría de Trabajo para verificar licencias por enfermedad o accidente.
Además, actualiza el régimen de responsabilidad solidaria laboral en casos de subcontratación y establece multas y sanciones de hasta el 100% del beneficio obtenido para quienes incumplan las normas o realicen fraudes en el acceso a incentivos fiscales.
El salario dinámico busca adaptar los convenios colectivos a la realidad económica de cada empresa y región. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el objetivo es “adecuarlos a la realidad de cada empresa y región” y establecer “salarios que premien el desempeño y la productividad”, reportó El Blog del Contador.
Cordero detalló que los convenios “deberían tener una exigencia mínima basada en la empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país”, lo que implicaría reducir los pisos convencionales y permitir que cada firma ajuste los sueldos según sus resultados. Para el Gobierno, esta medida ayudaría a “reducir los costos laborales” y fomentar el empleo formal, desvinculando la remuneración de la inflación y orientándola al rendimiento individual.
No obstante, desde los gremios y especialistas laborales surgen advertencias. Según Infogremiales, el sistema “nivela hacia abajo los derechos y salarios de millones de trabajadores”, convirtiendo los pisos convencionales en techos de negociación individual. Además, al desvincular el salario de la inflación, “el riesgo económico se trasladaría del empleador al empleado”, destacó la fuente.
El proyecto también contempla diferenciar entre trabajo autónomo y asalariado para “dar claridad” a las contrataciones. Sin embargo, los sindicatos temen que esta separación favorezca la expansión del trabajo independiente como sustituto del empleo formal, dejando a muchos sin cobertura de convenios, vacaciones ni aportes, según reporta El Blog del Contador.