El proyecto propone relacionar los incrementos con la productividad y los resultados, cambiando la lógica de las paritarias actuales.
El Gobierno ha impulsado recientemente una reforma en el enfoque de la negociación colectiva bajo la denominación de “salarios dinámicos”. Esta propuesta busca colocar a la productividad y a la situación concreta de cada empresa o sector en el centro de las discusiones salariales, con el objetivo de que los incrementos dejen de ser automáticos y pasen a depender de resultados y condiciones específicas.
El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, brindó precisiones sobre este giro en materia de relaciones laborales durante el Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata.
Uno de los pilares de la propuesta es la desvinculación de los ajustes salariales respecto del ritmo de la inflación. En lugar de replicar las variaciones de precios, el concepto de salarios dinámicos apunta a basar las revisiones en parámetros verificables como la productividad, la rotación de la actividad, o los márgenes disponibles.
Según la explicación oficial, la meta es que el salario crezca cuando efectivamente lo haga la capacidad real de pago de la empresa, y que estos ajustes se definan de manera más precisa en cada negociación particular.
El modelo es visto por el Gobierno como una herramienta que permite reflejar con mayor fidelidad las condiciones dispares que conviven bajo un mismo convenio, como la realidad de firmas grandes versus pymes, o regiones con estructuras de costos distintas.
El segundo eje fundamental es la descentralización de las negociaciones. Actualmente, la mayoría de las paritarias se cierran a nivel sectorial con una fuerte gravitación de los convenios de actividad. La iniciativa oficial propone que la regla general sea una negociación más cercana a la empresa.
En este punto se presenta el cambio conceptual más profundo: el convenio colectivo dejaría de operar como un piso mínimo (desde el cual se mejoran categorías y adicionales), para convertirse en un tope o techo que ordena el marco general.
A partir de este nuevo marco general, cada unidad productiva podría acordar internamente sus condiciones salariales en función de su desempeño, siempre dentro del rango establecido por el convenio de referencia. La función de los convenios, por lo tanto, seguiría existiendo, pero sería la de orientar y ordenar, en lugar de fijar un umbral rígido.
El nuevo esquema también plantea acotar la vigencia de las pautas económicas. En lugar de acuerdos largos con cláusulas de actualización predefinidas, el modelo prevé que las partes revisen las condiciones con mayor frecuencia, basándose en cómo evoluciona la actividad.
La propuesta generó preocupación en el plano sindical y entre analistas del mercado laboral, quienes advierten sobre dos posibles efectos. Existe inquietud sobre si el reemplazo de pisos por techos podría derivar en una pérdida de garantías para los salarios más bajos o aquellos más alejados de los centros de mayor actividad.
Además, también preocupa que la descentralización pueda ampliar la dispersión salarial entre regiones y ramas, aumentando la distancia entre sectores altamente dinámicos y aquellos más rezagados.
En ambos casos, el interrogante central es cómo se preservará la protección de los ingresos en contextos de debilidad empresarial o de caída de la demanda.