El hallazgo surgió en el marco de la auditoría integral iniciada el 28 de agosto pasado, luego de la salida del entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo.
En medio del debate político por la Ley de Emergencia en Discapacidad y tras descartarse su derogación por parte del Poder Ejecutivo, una auditoría interna de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) encendió una nueva alarma en el área social del Estado. Se detectó que 178 mil personas fallecidas figuran todavía como usuarias del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La información fue confirmada por una fuente oficial y validada mediante el cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior.
Según trascendió, fue el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, quien detectó las irregularidades durante el proceso de revisión del organismo. El sanitarista, designado tras la salida de Spagnuolo, autorizó las bajas de los certificados observados y elevó la información a las máximas autoridades. En Casa Rosada analizan ahora la posibilidad de judicializar tanto a quienes habrían utilizado de manera indebida los beneficios del CUD como a los prestadores que intervinieron en esos trámites.
“Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, afirmó una fuente gubernamental con acceso al expediente, que además explicó: “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra los prestadores”. El Certificado Único de Discapacidad es un documento gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones estatales. Su otorgamiento depende de una Junta Interdisciplinaria que evalúa cada caso antes de emitirlo.
La detección de estos certificados activos forma parte de una serie de inconsistencias que quedaron bajo la lupa durante la auditoría. Ese proceso incluyó también la revisión de contratos y del funcionamiento general del organismo, luego de que Spagnuolo apuntara públicamente contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el operador político del Interior, Eduardo “Lule” Menem, por presuntos pedidos de coimas. Los resultados finales de la auditoría aún no están cerrados y podrían oficializarse hacia el final del primer trimestre de 2026.
En Balcarce 50, las críticas hacia el exfuncionario se multiplicaron tras la difusión de los audios. Desde el entorno gubernamental aseguran que Spagnuolo reportaba poco la actividad del área y que solía argumentar contacto directo con el presidente Javier Milei. Otros señalan que los controles internos debieron realizarse desde el inicio de la gestión. “Es un mentiroso profesional”, sintetizó una fuente oficial.
El Gobierno también evaluó quitarle la autonomía a la ANDIS y trasladarla al ámbito del Ministerio de Salud, opción que finalmente no se concretó. Las alertas se profundizaron al detectarse un aumento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para la leucemia linfoblástica aguda, dato que surgió de un informe preliminar posterior a la salida de Spagnuolo. Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en una contrapropuesta legislativa sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de la resistencia opositora a su derogación en el Congreso.