Tadeo García Zalazar cuestionó la iniciativa de Griselda Petri y sostuvo que los dispositivos son una herramienta mientras avanza el plan de equipamiento escolar.
La DGE defendió el uso pedagógico de los dispositivos y dejó la regulación en manos de cada institución educativa.
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El gobierno de Alfedo Cornejo salió a cuestionar el proyecto de ley presentado por la diputada provincial Griselda Petri para restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas y ratificó que la política educativa provincial apunta a promover un uso pedagógico y responsable de la tecnología dentro de las aulas.
La postura fue expresada por el ministro de Educación, Cultura e Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, quien sostuvo que Mendoza ya tuvo una experiencia de prohibición de dispositivos móviles en los establecimientos educativos y que los resultados no fueron los esperados.
"Mendoza ya vino de una prohibición. En el 2008 se aplicó una ley de prohibir los dispositivos en las escuelas y no funcionó", afirmó el funcionario al ser consultado sobre la iniciativa legislativa durante la presentación.
La referencia apunta a la Ley 7.861, sancionada en 2008, que prohibía el uso de teléfonos celulares durante las clases tanto para estudiantes como para docentes. Según García Zalazar, aquella normativa terminó siendo ineficaz porque los dispositivos continuaron utilizándose dentro de los establecimientos.
"Ya hubo una ley de prohibición y no funcionó porque terminaban usando los celulares todos, docentes y estudiantes. Por eso nosotros apoyamos el uso pedagógico del celular y dejamos a criterio de cada escuela y de los docentes la forma de reglamentarlo dentro del código de convivencia de cada institución", explicó.
Desde la cartera educativa sostienen que el debate no debe centrarse en prohibir los dispositivos, sino en determinar cómo se utilizan dentro del proceso de enseñanza. "Lo que nosotros planteamos ahora es el para qué el uso de los dispositivos", señaló el ministro.
En ese sentido, remarcó que los celulares cumplen actualmente una función complementaria en muchas escuelas, especialmente en aquellas que todavía no cuentan con equipamiento tecnológico suficiente.
"Hasta que todas las escuelas de la provincia de Mendoza no estén equipadas, nosotros permitimos el uso pedagógico de los dispositivos en el aula", indicó el funcionario.
García Zalazar detalló que actualmente alrededor del 30% de las aulas dispone de conectividad, aulas digitales móviles y equipamiento tecnológico para docentes y alumnos. El objetivo oficial es completar la cobertura durante 2027 mediante un financiamiento ya aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
"Hemos equipado el 30% de las aulas con conectividad y con aulas digitales móviles. Nos falta el 70% restante, pero ya está aprobado el financiamiento para que el año que viene el 100% de las aulas cuenten con ese equipamiento", sostuvo.
Según explicó, mientras ese proceso se completa, numerosos docentes utilizan los teléfonos celulares para desarrollar actividades vinculadas con plataformas educativas, aplicaciones de aprendizaje e incluso herramientas de inteligencia artificial.
"Muchos docentes utilizan los celulares para realizar actividades pedagógicas. Es una realidad de las aulas: mientras no estén esos dispositivos, el celular sigue siendo una herramienta que iguala", afirmó.
Además, consideró que avanzar en una prohibición general podría generar contradicciones en el sistema educativo. "Dar un mensaje ambiguo de prohibir para una cosa pero permitirlo para otra no consideramos que sea adecuado", manifestó.
El ministro también señaló que las instituciones educativas cuentan con mecanismos propios para regular el uso de los dispositivos cuando no forman parte de una actividad pedagógica.
"Cada escuela en su reglamento de convivencia dice qué pasa cuando no se usa pedagógicamente el celular", explicó.
Por otra parte, diferenció el debate sobre el uso de celulares en el aula de la discusión vinculada al acceso de niños y adolescentes a redes sociales. Sobre este punto, remarcó que la responsabilidad principal corresponde a las familias.
"Nosotros estamos en contra de que los chicos tengan celular antes de los 13 años y que tengan acceso a las redes sociales antes de los 16 años", afirmó.
No obstante, aclaró que se trata de recomendaciones y que las decisiones finales dependen de los padres.
"Quien compra el dispositivo, quien le da crédito al celular y quien tiene que tener el control sobre sus hijos son las familias, son los padres", agregó. En la misma línea, sostuvo que la escuela cumple un rol preventivo y de acompañamiento, pero no puede reemplazar la responsabilidad parental.
La iniciativa presentada por la diputada provincial Griselda Petri busca regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en todos los establecimientos educativos públicos y privados de Mendoza.
Para los niveles inicial y primario, el proyecto establece la restricción de los dispositivos durante toda la jornada escolar, incluyendo clases, recreos, comedor, horas libres y los momentos de ingreso y salida de la institución.
Sin embargo, contempla excepciones para actividades pedagógicas, situaciones de emergencia y casos de estudiantes con discapacidad o necesidades de apoyo debidamente acreditadas.
En el nivel secundario, la propuesta dispone que los teléfonos permanezcan apagados, fuera de la vista y del alcance inmediato de los estudiantes durante las clases, salvo cuando exista una autorización docente vinculada a una actividad educativa planificada.
La iniciativa también alcanza al personal docente. En ese caso, establece que los educadores de los niveles inicial, primario y secundario deberán mantener apagados sus celulares durante el dictado de clases, excepto ante emergencias o cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos.
Además, el proyecto prevé que el Ministerio de Educación y la DGE realicen evaluaciones bianuales para medir el impacto de la normativa en los procesos de enseñanza, la convivencia escolar y el bienestar de la comunidad educativa.