El juez Sarmiento ordenó suspender el retiro de celulares en los complejos San Felipe y Bolougne Sur Mer. El ministerio apeló la resolución y se habla de Jury de Enjuiciamiento.
La polémica por el retiro de celulares de las cárceles suma un nuevo capítulo. Imagen ilustrativa / archivo
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El conflicto judicial por la tenencia de celulares de los internos parecía haberse terminado con el fallo de la Suprema Corte de Justicia en octubre pasado y la puesta en marcha hace un mes de la última etapa de secuestros de 2800 teléfonos en las cárceles de Mendoza, a cargo del Servicio Penitenciario.
Sin embargo, este martes el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió suspender el procedimiento en los complejos penitenciarios de San Felipe y Bolougne Sur Mer, después de hacer lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por un grupo de internos.
El juez entendió que el Servicio Penitenciario no cumplió con la "proporción mínima exigida de un dispositivo tecnológico por cada 200 personas privadas de libertad" en esos dos complejos y agregó que "ni se verifica" que los dispositivos disponibles "reúnan las condiciones técnicas mínimas exigidas en cuanto a privacidad, funcionalidad, accesibilidad y disponibilidad".
Por lo tanto ordenó la "suspensión transitoria de la aplicación y ejecución" del secuestro de celulares y además intimó al Servicio Penitenciario a que, en un plazo de 20 días hábiles, presente un nuevo informe sobre los dispositivos tecnológicos disponibles en esas unidades.
Ante esto, la ministra Mercedes Rus respondió un día después con un recurso de apelación contra el fallo, por "intromisión en las funciones propias de la administración", pudo averiguar este diario.
La funcionaria advirtió que el magistrado excedió su facultad jurisdiccional y además hizo caso omiso a una sentencia de la Corte, como máximo órgano judicial de la provincial. El recurso fue presentado en la segunda instancia, que es el Tribunal Penal Colegiado, pero recién el lunes se sabrá que jueces le darán tratamiento.
La ministra cuestionó que el habeas corpus fue presentado por un grupo de internos estudiantes de la UNCuyo y el juez decidió ampliar el alcance del mismo a toda la población carcelaria de ambos complejos, tomándose atribuciones que le corresponden al Servicio Penitenciario Provincial como autoridad, según establece la Ley Orgánica que fue modificada el año pasado.
Además, este jueves la vicegobernadora Hebe Casado anunció que podrían solicitar un proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sarmiento por haberse extralimitado de sus funciones. "Lo estamos analizando con el equipo de abogados", confió a Los Andes. Y otra fuente importante ratificó: "No está decidido aún, está bajo estudio por el gobernador".
Casado admitió que el caso reciente del juez Eduardo Martearena pesa en la evaluación. En marzo del año pasado, el magistrado resultó airoso del pedido de destitución que había iniciado el diputado Enrique Thomas (Cambia Mendoza) por "mal desempeño", tras una polémica medida a favor de un grupo de delincuentes que asaltó su casa en 2020.
La votación resultó 11-10 a favor de Martearena, respaldado por la Corte en pleno y el voto de tres legisladores del PJ y uno de LUM. Mientras que 9 integrantes del oficialismo (senadores y diputados) y el diputado Gustavo Cairo (estaba en LUM en ese momento), votaron por su destitución.
En ese momento, los legisladores hablaron de que "la Justicia reacciona de forma corporativa" cuando se llega a un Jury contra un juez. Mientras que fuentes ligadas al Poder Judicial indicaban que no se pueden cuestionar "los criterios" de un juez en sus sentencias.
Sin embargo, hay diferencias importantes entre el caso Martearena, motorizado por un hecho judicial puntual, y la situación de Sarmiento, ya que no se estaría "afectando solamente al interés del Servicio Penitenciario", sino también un fallo de la propia Corte.
"Estás del lado de la seguridad y de los intereses de la ciudadanía o del lado de los privilegios indiscriminados de los internos", plantean en el seno del Ejecutivo.
Además, entienden que la extralimitación de sus funciones, se suma a una serie de fallos polémicos en los cuales podrían apalancarse en su denuncia, como el caso de Héctor Pelayes que fue asesinado por un hombre que salió de la cárcel por disposición de Sarmiento, antes de cumplir una condena por otro homicidio.