Cautela y silencio: el hermetismo político que rodea al caso Bento

Cautela y silencio: el hermetismo político que rodea al caso Bento
El juez federal Walter Bento, bajo la mira de la Justicia. Archivo / Los Andes

Tanto desde el Gobierno provincial como desde la oposición casi ni se han pronunciado sobre la imputación contra el magistrado. Y en los Tribunales Federales hay “sorpresa” respecto a la gravedad de la investigación.

La Justicia Federal de Mendoza está viviendo momentos de tensión e incertidumbre con la imputación del juez federal -con competencia electoral- Walter Bento, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a presos a cambio de beneficios. Los allanamientos que se produjeron en el tercer piso de Tribunales Federales el miércoles dieron cuenta de la gravedad de una asunto que ha causado revuelo en el edificio. A la par, generó un fuerte hermetismo político en la provincia.

Tanto desde el Gobierno como desde el principal partido opositor, el peronismo, han evitado pronunciarse respecto de uno de los escándalos judiciales más trascendentes de los últimos años en Mendoza. Es el lleva adelante el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, con tareas de investigación en manos del fiscal de la Cámara de Apelaciones, Dante Vega.

La imputación que pesa sobre Bento es la de ser el presunto jefe de una asociación ilícita, además de acusárselo de seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Isabel Boiza, fue acusada formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En tanto, los abogados Matías Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos están acusados de participar de esa asociación ilícita.

Oficialmente no ha habido pronunciamientos de parte del Ejecutivo provincial. Pero fuentes del radicalismo deslizaron que hay una “gran decepción y sorpresa” por la gravedad de las imputaciones contra un juez federal. Y aseguraron que desde el Gobierno eligieron esperar a la Justicia antes de hacer consideraciones públicas.

Algo similar contestó Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional y presidenta del PJ, quien el mismo miércoles del allanamiento y la batería de imputaciones expresó: “Se tiene que investigar absolutamente todo, sea un juez, un fiscal, un legislador o cualquier ciudadanos. Hay que investigar si hay cualquier tipo de denuncia”.

Otros dirigentes también dieron su opinión ante Los Andes, aunque fueron cautos teniendo en cuenta que todo este proceso está en una etapa de investigación.

Por ejemplo, el diputado nacional Omar Félix (PJ) expresó que “todos los que tenemos una responsabilidad pública estamos sujetos a dar respuestas permanentes a la Justicia, organismos de control y sobre todo a los ciudadanos”. En este sentido, el peronista marcó que a Bento “le caben también las generales de la ley”.

Julio Cobos, senador nacional de la UCR, consideró por su parte que las características de las imputaciones formuladas “han generado una gran repercusión en el ambiente judicial y en toda la sociedad mendocina, ya que involucra a un juez de la Nación y por ende a uno de los poderes del Estado Nacional”.

El ex gobernador opinó que se deberá actuar “con todas las garantías constitucionales y con la mayor celeridad posible”, teniendo en cuenta que Bento tiene también competencia electoral, justo cuando se vienen las elecciones intermedias en Mendoza y el país este año.

Este diario también intentó comunicarse con el diputado nacional José Luis Ramón (Protectora), pero no fue posible obtener si visión sobre este trascendente caso.

Lo que ocurrirá ahora más allá de la investigación que lleva adelante la Justicia es en términos del Consejo de la Magistratura, que deberá decidir desde una advertencia, multa o suspensión temporal del juez hasta la posibilidad de su remoción. También podrá dejarlo en funciones mientras avance la investigación.

Desde Tribunales ya se notificó al Consejo de la Magistratura y éste a la comisión de Acusación y Disciplina, donde se pedirán los pormenores de la causa para que los miembros conozcan las imputaciones y se tomen medidas al respecto.

El sacudón en el edificio de Tribunales

En Tribunales Federales aún no caen del asombro por la magnitud de la causa y las gravísimas imputaciones que se formularon contra Bento, con un trasfondo que podría ser aún mayor si se comprueba la hipótesis del Fiscal.

Si bien algunos magistrados que se desempeñan en los pasillos del edificio de España y Pedro Molina tenían rumores respecto a la investigación, sobre todo por la información de los medios de comunicación, no esperaban que la imputación fuera tan grande como terminó siendo.

Algunas oficinas de Tribunales Federales fueron allanadas el miércoles. (Télam)

“Es un golpe durísmo para la Justicia Federal. Hay mucha incertidumbre de los trabajadores que se desempeñan bajo la órbita de Bento. Pero más allá de eso, si bien hay que esperar el resultado de la investigación, será sin dudas muy difícil volver a limpiar la imagen de una Justicia Federal que está vista como un desastre, corrupta y que está llena de familiares”, destacó una fuente a Los Andes.

En este sentido, recordaron esta situación y la compararon a lo que se vivió con la destitución del ex juez Luis Leiva en 2002, pero dejaron en claro que “las situaciones son completamente diferentes” respecto a las acusaciones e implicaciones que podría haber en el futuro en esta causa.

Por otro lado, valoraron la “valentía” de Puigdéngolas en dar un paso fuerte como el del miércoles, y marcaron que “da la pauta que no hay ningún intocable, y que los jueces tienen que dar explicaciones de lo que hacen”.

Otra de las fuentes consultadas se limitó a destacar la “sorpresa” con la que recibieron la noticia y también aseguró que “todos son iguales ante la ley y afortunadamente ha quedado demostrado”.

En tanto, también añadieron desde Tribunales se está trabajando “para que se esclarezca la investigación, con todas las garantías para el fiscal y el juez, así como también el respeto del derecho a defensa, con todas las garantías dentro de la ley”.

“No se pretende una caza de brujas, no se está persiguiendo a nadie. Se trata de una obligación ética y legal que se investigue hasta las últimas consecuencias”, culminaron.

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