El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, decidió formalizar su estrategia judicial mediante la contratación del abogado penalista Matías Ledesma, integrante del estudio Guillermo Ledesma Abogados.
La Justicia investiga el origen de los fondos para la compra de sus inmuebles y el financiamiento de viajes de lujo.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni
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LN+ El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, decidió formalizar su estrategia judicial mediante la contratación del abogado penalista Matías Ledesma, integrante del estudio Guillermo Ledesma Abogados.
La medida responde a una recomendación interna del Gobierno para alinear una defensa clara ante el impacto mediático y judicial de las causas que enfrenta en los tribunales de Retiro.
La defensa de Adorni se centrará principalmente en dos expedientes que tramitan bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo.
El primero investiga un presunto enriquecimiento ilícito, poniendo la lupa sobre el patrimonio familiar del funcionario, que incluye la adquisición de una casa en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio de Caballito tras su ingreso a la función pública.
En relación con esta causa, el fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo para el próximo 8 de abril a la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
La Justicia busca esclarecer el origen de los 230 mil dólares con los que se escrituró el inmueble en Caballito, el cual habría sido financiado parcialmente con préstamos de particulares, incluyendo a una jubilada que declaró no conocer al ministro.
El segundo frente relevante es la investigación sobre un viaje familiar a Punta del Este realizado en febrero en un avión privado. La Justicia intenta determinar si el traslado fue costeado por el periodista Marcelo Grandio, lo que podría configurar los delitos de dádivas o malversación de fondos públicos.
En este marco, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó allanamientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri S.A. para obtener documentación comercial y bancaria sobre los vuelos.
Además de las causas en el juzgado de Lijo, existe una tercera investigación a cargo del juez Daniel Rafecas por el uso del avión presidencial en un viaje que Adorni realizó a Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Asimismo, la fiscalía rastrea pruebas de un posible viaje vacacional a Aruba a finales de 2024, analizando movimientos migratorios que registran escalas en Perú y Ecuador.
La decisión de contratar a dicho estudio de abogados también fue impulsada por figuras como el exministro Mariano Cúneo Libarona. El exfuncionario sugirió que, pese a considerar que no hay delito, es preferible delegar la defensa para proteger la imagen del Gobierno y evitar errores en la exposición pública del jefe de Gabinete.
Este reordenamiento legal ocurre en un momento crítico para Adorni, quien, además de enfrentar estas medidas de prueba, deberá comparecer ante el Congreso el próximo 29 de abril para responder un informe de gestión con más de 4.800 preguntas.