Ariel García Furfaro, empresario farmacéutico y titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestó declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la causa que busca determinar responsabilidades por los 96 pacientes fallecidos tras ser inoculados con el opioide adulterado.
Según informó Agencia Noticias Argentinas, el acusado , detenido esta semana junto a directivos de sus laboratorios, “pudo decir todo lo que quería decir” durante la audiencia judicial. En paralelo, su madre, Nilda Furfaro, accedió al beneficio de prisión domiciliaria.
Una acusación con antecedentes
La imputación contra García Furfaro se sostiene en el artículo 201 bis del Código Penal, que prevé condenas de 10 a 25 años de prisión en casos de muertes por envenenamiento o adulteración de medicamentos. La situación judicial del empresario es compleja: ya había sido condenado en 2002 a siete años de cárcel por intento de homicidio, tras prender fuego a un empleado en su restaurante.
Durante su estadía en prisión se recibió de abogado y, tiempo después, se volcó a la industria farmacéutica, consolidando un entramado de laboratorios que incluye a HLB Pharma, Ramallo, Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.
Además, actualmente está procesado en otra causa por contrabando agravado: en 2022 habría declarado en Aduana la compra de maquinaria farmacéutica por USD 5 millones, cuando el valor real fue de apenas USD 500.000.