6 de octubre de 2025 - 15:59

Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el ofrecimiento de dinero de empresarios para ser absueltos

Más de cincuenta empresarios y exfuncionarios ofrecieron hasta 21 millones de dólares para evitar el debate oral. Sin embargo, la Justicia sentenció que los delitos de gran corrupción no pueden ser compensados solo con dinero. Ratificaron el juicio.

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”. La decisión unánime del tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, implica que los acusados no podrán obviar el juicio oral en su contra mediante compensaciones económicas.

Los ofrecimientos económicos, que incluían dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles, sumaban un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. El Tribunal Oral Federal 7 resolvió no hacer lugar a la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal, una decisión que ahora obliga a los imputados a afrontar el juicio oral que comenzará el próximo 6 de noviembre.

La Fiscalía y la UIF se opusieron a "tarifar la impunidad"

El rechazo se fundamentó en la naturaleza de los delitos investigados y en la oposición de la fiscal federal Fabiana León y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.

La fiscal León afirmó que "no se puede pagar para zafar" y sostuvo que aceptar dichos montos implicaría "tarifar la impunidad". En esa misma línea, el director de la UIF, Paul Starc, sostuvo que las propuestas equivaldrían a "mercantilizar la corrupción". El representante del organismo, Mariano Galpern, advirtió que la complejidad del proceso no habilita la impunidad.

Causa Cuadernos

Los jueces adoptaron esta postura al considerar que los delitos de corrupción afectan bienes jurídicos supraindividuales como la probidad, la transparencia y el orden público, cuyo daño es de naturaleza inmaterial y, por lo tanto, insuficiente para ser reparado plenamente solo con dinero.

El Tribunal concluyó que aceptar los pagos para extinguir la acción penal podría "abrir un mercado de impunidad," beneficiando únicamente a aquellos que cuentan con recursos económicos, lo cual quebrantaría la igualdad ante la ley y erosionaría la confianza pública. Los magistrados señalaron que la única respuesta compatible con la gravedad institucional de los hechos es el juicio oral y público.

Montos ofrecidos por empresarios y exfuncionarios

Entre los oferentes figuraban empresarios de la construcción, la energía y el transporte, así como algunos exfuncionarios. Los montos más altos correspondían a Ángelo Calcaterra (primo del ex presidente Mauricio Macri) que ofreció 1,68 millones de dólares, Ernesto Clarens, 1,5 millones de dólares y Aldo Roggio, 1,26 millones de dólares.

El empresario mendocino Enrique Pescarmona, de IMPSA, también está entre los que ofrecieron pagar y trascendió que habría ofrecido 344 mil dólares

Otros empresarios con propuestas importantes incluyeron a Gabriel Pedro Losi (557 mil), Juan Manuel Collazo (603 mil), Héctor Javier Caballero (460 mil) y Mario Rovella (494 mil). También presentaron ofertas César y Juan Carlos De Goycochea (1,08 millones), Hugo Draggnotti (960 mil), y Osvaldo Acosta (295 mil), entre otros.

En el caso de los exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina ofreció una suma cercana a los 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, propuso casi un millón de dólares. Ambos habían reconocido la recepción de dinero como parte de supuestos aportes de campaña.

La causa “Cuadernos” se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Esta investigación alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a decenas de empresarios.

Con la decisión del TOF 7, todos los acusados, que sumarían cerca de un centenar, deberán presentarse al debate oral que se prevé se extienda durante varios años.

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