La fiscal federal Fabiana León rechazó la posibilidad de eximir de responsabilidad a los empresarios implicados en la causa Cuadernos de la corrupción a cambio de compensaciones económicas.
“No hay precio que pueda evitar el daño institucional que se ha hecho; en esta fiscalía no se vende impunidad”, aseguró la fiscal Fabiana León.
Causa Cuadernos: la fiscal y la UIF rechazaron el pedido de los empresarios de pagar para evitar el juicio
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La fiscal federal Fabiana León rechazó la posibilidad de eximir de responsabilidad a los empresarios implicados en la causa Cuadernos de la corrupción a cambio de compensaciones económicas.
“No existe suma de dinero que repare el daño institucional provocado; esta fiscalía no negocia con la impunidad”, afirmó León durante la audiencia de este mediodía ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que deberá resolver sobre el tema.
En la misma línea, Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), también se manifestó en contra. Señaló que aceptar este tipo de acuerdos equivaldría a “convertir la corrupción en una mercancía” y permitir la impunidad de quienes poseen poder económico.
Más de 40 empresarios procesados habían propuesto entregar dinero e incluso bienes materiales para evitar llegar al juicio oral. Entre las ofertas, se incluyeron un departamento en Miami y hasta una embarcación.
En la causa está involucrado el empresario mendocino Enrique Pescarmona, ex dueño de Impsa. La de la defensa del empresario imputado ratificó un ofrecimiento de 510 millones de pesos para evitar ir a juicio,
La fiscal Fabiana León adoptó una posición firme frente a la solicitud presentada por 47 empresarios y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Durante una intervención enfática en el marco de la audiencia, León descartó rotundamente la posibilidad de cerrar la causa a través de acuerdos reparatorios ofrecidos por casi medio centenar de imputados que se acogieron al régimen del arrepentido, y defendió la necesidad de avanzar hacia el juicio oral.
Al tomar la palabra, explicó que este tipo de reparación no implica un pago impuesto por decisión judicial. “Sin consenso real, no hay reparación integral posible”, afirmó la fiscal, quien también subrayó que esta herramienta legal requiere la existencia de una víctima claramente identificada y de un perjuicio susceptible de ser cuantificado. “Es satisfacer plena y adecuadamente el interés jurídico lesionado, de modo total, proporcional y específico al daño causado”, sostuvo.
León destacó que en causas como esta no existe una víctima individual con la que se pueda llegar a un acuerdo, por lo que aceptar pagos por parte de los acusados sin ese marco implicaría, según advirtió, “abrir un mercado de impunidad”.
También relató que, desde que el expediente llegó a su fiscalía, mantuvo reuniones con todos los abogados defensores que manifestaron interés en explorar alternativas procesales, y valoró que “todos los que han venido lo han hecho con absoluta corrección y en estricto ejercicio del ministerio que tienen”.
No obstante, la fiscal expresó su inquietud respecto de que este procedimiento no garantizaba la adecuada información a todas las partes, lo que podría generar desigualdades entre los imputados.
Respecto a la convocatoria a la audiencia, dejó en claro que “no puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”.
Finalmente, subrayó la gravedad institucional de los hechos investigados, en los que se vieron involucrados tanto funcionarios públicos como empresarios, y concluyó que la única vía legítima para resolver el proceso es a través de un juicio oral, público y con las debidas garantías para todas las partes.