El Tribunal Oral N.º 7 concluyó la lectura de la acusación por la presunta cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015. Declaraciones de empresarios, financistas y exfuncionarios describen un esquema de retornos y reparto de obras.
Cuadernos: la megacausa giró en torno a la cartelización de la obra pública.
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NA El Tribunal Oral Número 7 concluyó este jueves la lectura de la segunda parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el desprendimiento de la causa de los cuadernos conocido como “La Camarita”. Con este avance, el debate oral se encamina hacia la etapa de cuestiones preliminares.
En esta sección del expediente, la acusación se centró en la presunta cartelización de la obra pública. Se trata de un mecanismo que, según el Ministerio Público, operó durante más de una década dentro de la Dirección Nacional de Vialidad.
A lo largo de la audiencia se repasaron testimonios clave, entre ellos el del exfinancista Ernesto Clarens y otros imputados que describieron cómo 19 empresas habrían acordado el reparto de licitaciones y el pago de sobornos. Todo esto durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López. Además se menciona a empresarios como Carlos Wagner y el propio Clarens.
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura tenía como fin generar beneficios económicos indebidos mediante negociaciones vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. Los retornos exigidos oscilaban entre el 3% y el 20% del valor de cada obra adjudicada.
Según el relato de Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el proceso comenzaba con reuniones donde las empresas definían quién se quedaría con cada obra y qué monto incluiría la dádiva. Esa información llegaba luego a José López, quien la trasladaba a funcionarios de Vialidad para incorporar los valores en los listados de pagos mensuales.
El rol de Clarens resultaba central: recibía los fondos ilegales, los convertía a dólares pese a las restricciones cambiarias y se los entregaba a López. Como imputado colaborador, explicó que las compañías preferían pagar el 3% de retorno antes que descontar certificados en los bancos, donde las tasas eran más elevadas y los plazos de cobro mucho más inciertos.
Clarens también describió el funcionamiento interno de Vialidad. López elaboraba mensualmente un listado de pagos y lo remitía a colaboradores como Fredes y Passacantando, aunque este último no tenía capacidad de decisión.
Frente a la acumulación de deudas, López pedía a las empresas reducir el ritmo de obra para evitar mayores desfasajes, aunque esto las perjudicaba. Varias se encontraban al borde del concurso preventivo y dependían de los desembolsos del Estado.
El exfinancista detalló que el sistema atravesó dos etapas: entre 2004 y 2010, el retorno era del 10% del contrato en cuotas mensuales; tras la muerte de Néstor Kirchner, el esquema mutó y López pasó a concentrar todo el control de la recaudación, exigiendo el 3% de lo cobrado y definiendo quién ingresaba o no a los listados de pago.
Para el fiscal Carlos Stornelli, estos acuerdos constituían verdaderos pactos corruptos: los empresarios obtenían beneficios del Estado y los funcionarios garantizaban la continuidad de la asociación ilícita. La llamada “Camarita” confeccionaba listados mensuales con obras adjudicadas, montos, retornos y un ranking de compañías cartelizadas.
La audiencia cerró con la confirmación de que el juicio se reanudará el martes 16 a las 13.30, cuando se leerán los descargos de Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra antes de avanzar con la valoración de la prueba.
