Ocho legisladores presentaron una denuncia contra el fiscal a cargo de la investigación, a quien acusaron de “demoras injustificadas en la producción de pruebas”
Diputados opositores denunciaron al fiscal Taiano por mal desempeño en el Caso Libra
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Este miércoles, diputados nacionales de la oposición denunciaron penalmente al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del caso Libra, por “mal desempeño” y violación de deberes de funcionario público, acusándolo por “demoras injustificadas en la producción de pruebas” y en la “retención y ocultamiento” de las mismas a la parte querellante.
La acción penal fue presentada por los legisladores nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica; Sabrina Selva, Juan Marino, Itai Hagman, Julia Strada y Rodolfo Tailhade de Unión por la Patria, y Esteban Paulón de Provincias Unidas. Cabe destacar que el año pasado lideraron la comisión investigadora del caso Libra.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en el escrito los firmantes recordaron que, pese a que el escándalo judicial por la cripto estafa Libra estalló el 14 de febrero pasado con el tuit de promoción del presidente Javier Milei, recién el 6 de marzo de 2025 se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli y Sergio Morales, quienes habían quedado expuestos en la reconstrucción de la trama desde el primer día.
También señalaron que el 15 de Octubre del año 2025 varios diputados nacionales solicitaron una reunión con Taiano para pedirle que les permitiera tomar vista del expediente judicial a los efectos de agilizar la tarea de la comisión investigadora. La negativa del fiscal al pedido “quebró toda la tradición legislativa, en materia de colaboración interpoderes, entre el Legislativo y Judicial; contraviniendo lo que había sucedido en otras Comisiones investigadoras de envergadura histórica, (AMIA, ARA SAN JUAN)”
El 17 de noviembre de 2025, la fiscalía recibió un informe preliminar del peritaje telefónico de Novelli, el cual se habría completado el 7 de enero de 2026, “sin que ello se tradujera en un impulso efectivo de la investigación”. Pero no fue hasta el 13 de marzo de este año que se garantizó a las partes el acceso integral a la prueba producida a partir del dispositivo móvil del intermediario cripto, quien había actuado como nexo local del negocio millonario que organizó junto al empresario norteamericano Hayden Davis.
“Se consolidó así una secuencia de demoras que, por su extensión y falta de justificación, resultan incompatibles con un desempeño diligente de la función de Fiscal. Durante todo ese periodo, pese a la existencia de elementos que indican la posible presencia de acuerdos económicos relevantes, comunicaciones entre involucrados e indicios de coordinación previa y post a los hechos investigados, no se registraron medidas sustanciales tendientes a avanzar en la determinación de responsabilidades. No solo no se dispusieron llamados a indagatoria, sino que tampoco se formalizaron imputaciones”, apuntaron los diputados de la oposición.
Cuestionaron que “en cambio, el Fiscal Taiano fue diligente en orientar su pesquisa, citando a declaración testimonial a la periodista y abogada Natalia Volosín, luego que hiciera pública la retención y ocultamiento de prueba”.
Por otro lado, plantearon que “pese a contar con elementos probatorios relevantes desde etapas tempranas de la investigación, el Fiscal Taiano incurrió en demoras injustificadas en la producción, análisis incorporación de la prueba central, particularmente en lo relativo a los dispositivos electrónicos secuestrados y, como mencionamos, testimonios ofrecidos”.
Para los legisladores nacionales que presentaron la denuncia penal, “la retención indebida de prueba relevante” y “su eventual ocultamiento a los querellantes resulta incompatible con el principio de objetividad consagrado en el artículo 9 de la Ley 27.148, el cual exige al Fiscal actuar en la búsqueda de verdad y no en función de criterios selectivos o discrecionales respecto de la prueba”.
En tanto, el redireccionamiento de la actividad investigativa hacia “cuestiones accesorias” como la indagación sobre la supuesta filtración de información y la citación de Volosin pone en manifiesto una “desviación del objeto de la investigación”.
“Este tipo de actuaciones no solo resulta inconducente para el esclarecimiento de los hechos principales, sino que vulnera nuevamente el deber de objetividad previsto en el artículo 9 de la Ley 27.148”, subrayaron.
Finalmente, plantearon que “todo ello configura un supuesto de mal desempeño funcional, tanto implica el incumplimiento grave de los deberes impuestos por el artículo 120 de la Constitución Nacional, la Ley 27.148 y la Ley 24.946, afectando de manera directa el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia”.