El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, envió una carta formal al gobierno de Formosa por un presunto hecho de adoctrinamiento infantil en una escuela primaria.
La cartera que conduce Sandra Pettovello pidió explicaciones por un video en el que alumnos entrevistaron al gobernador Gildo Insfrán durante el inicio del ciclo lectivo.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa.
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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, envió una carta formal al gobierno de Formosa por un presunto hecho de adoctrinamiento infantil en una escuela primaria.
La intimación fue dirigida al ministro de Cultura y Educación provincial, Julio René Araoz, y exige precisiones sobre lo ocurrido en la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, donde se desarrolló el acto de inicio del ciclo lectivo y la inauguración del establecimiento.
El conflicto se desató tras la viralización de un video en el que un grupo de alumnos entrevistó al gobernador Gildo Insfrán durante la ceremonia oficial.
Según la presentación nacional, las preguntas y comentarios de los menores exhibieron una “marcada carga de propaganda” orientada a enaltecer la figura del mandatario provincial. Para la cartera, el acto habría sido utilizado como plataforma de “promoción político-partidaria” con niños como protagonistas.
Desde la Secretaría de Educación calificaron el hecho como de “gravedad institucional”. Consideran que la utilización del ámbito escolar para exaltar autoridades en funciones vulnera el principio de neutralidad que debe regir en el sistema educativo y compromete la libertad de conciencia de los estudiantes.
Para sustentar la intimación, el Gobierno citó los artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) de la Constitución Nacional, vinculados al derecho de enseñar y aprender, además de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Educación Nacional, en particular el artículo 126, que protege a los alumnos frente a agresiones psicológicas y resguarda su conciencia.
La Secretaría de Educación no solo remitió la queja formal, sino que exigió respuestas en un plazo perentorio. Entre otros puntos, solicitó que el Ministerio provincial informe si abrió una investigación interna, qué medidas adoptará respecto de las autoridades escolares involucradas y cuáles son los mecanismos de sanción previstos para casos de adoctrinamiento.
Además, pidió detalles sobre los protocolos que aplicará la provincia para garantizar el pluralismo en las aulas y preservar la neutralidad educativa.