Avanza una demanda contra la Nación por el recorte en Ganancias

Mendoza cargará contra la Nación por el monto que deja de percibir por el Impuesto a las Ganancias. Tras el decreto, y la sanción de la ley respectiva, los cálculos en el Ministerio de Hacienda apuntan a una masa salarial y media al cabo de un año.

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El decreto publicado en el Boletín Oficial el 13 de setiembre, dispone la vigencia de la medida a partir del 1 de octubre. Eso implica unos $4000 millones. “Un mes y medio de sueldos al año, es el tamaño de lo que nos están sacando”, sintetizó a Los Andes el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Toma forma una demanda judicial y se espera un dictamen legal del Comisión Federal de Impuestos (CFI).

La modificación al piso de Impuesto a las Ganancias desató una ola de críticas por parte de provincias opositoras al Gobierno Nacional. Mendoza, por supuesto, fue una de ellas. El enojo radica en una medida que consideran “inconstitucional”, además de perder miles de millones de pesos que correspondía por coparticipación. “Es una joda que pagan las provincias”, resumió Fayad.

El gobernador Rodolfo Suárez ya lo había expresado en las redes sociales el 28 de setiembre: “Inconstitucional, electoralista, regresivo, oportunista. Así juega el gobierno nacional y sus flamantes aliados con los recursos de los mendocinos. El costo equivale a un mes y medio de sueldos, unos 45.000 millones de pesos”.

Un día después, argumentó legalmente el por qué de la inconstitucionalidad y en el Ejecutivo confirman que se trabaja una demanda que luego será girada a la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado, como siempre ocurre cuando hay reclamos contra la Nación.

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Suárez echa mano a la Constitución Nacional, la cual dispone que “cualquier cambio en el sistema fiscal y de coparticipación debe ser producto de un acuerdo entre la Nación y las Provincias”. Recordó los pactos fiscales firmados por temas de coparticipación y tributación. “En todas las ocasiones en que se han modificado impuestos que afectaron la coparticipación, se firmaron ‘acuerdos fiscales’ previos”, indicó.

“La modificación unilateral propuesta por la Nación reduce los recursos de las Provincias, sin considerar la voluntad de los gobiernos locales, lo que va en contra de la Constitución. El principio de integralidad de la masa coparticipable es un mandato imperativo que protege los ingresos de las Provincias y es esencial para el régimen de coparticipación”, manifestó el mandatario provincial.

Impacto en Provincia y municipios

La recaudación del Impuesto a las Ganancias se coparticipa a las provincias. A los municipios mendocinos se les destina el 18.8% de lo que recibe la provincia. Es decir, la medida impacta en todas las arcas.

“En pesos de octubre, en el cual empezaría a tener vigencia el decreto no la ley, son más o menos unos 4.000 millones. El 18.80% se coparticipa a los municipios, serían unos 750 millones menos para los municipios, que también pierden”, indicó el titular de Hacienda y Finanzas.

En doce meses, tomando el dato de octubre, serán 48 mil millones. El gasto en sueldos, a setiembre, es de unos $30.000 millones. De allí se desprende el dato que remarcan en Casa de Gobierno: una masa salarial y media en un año con la vigencia del nuevo piso de Ganancias.

Las quejas llegaron el jueves pasado a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) en una reunión de la que participaron ministros y secretarios del área de hacienda y finanzas con el Secretario de Provincias de la Nación, Bruno Ruggeri.

“Se planteó, por un lado, pedirle el cálculo fino del impacto y por el otro, un dictamen legal respecto de si la norma es atacable por inconstitucional. Desde nuestro punto de vista sí lo es, Suárez describe bien los fundamentos. Se está trabajando en esa demanda, por el momento de manera interna, con el Ministro de Gobierno”, confirmó Fayad.

El texto después contará con el dictamen del Asesor de Gobierno, Ricardo Canet y del Fiscal de Estado, Fernando Simón. El camino es el habitual cuando se trata de reclamar ante el Estado Nacional o contra el Banco Central, como ocurrió hace unas semanas para poder acudir al mercado de cambios para afrontar pagos de deuda en dólares.

“Los empleados que van a dejar de pagar Ganancias son más o menos 600 mil en todo el país, y alrededor de 16 mil en Mendoza, muy poquitos. Me animo a decir que es menos del 2% de los trabajadores de la provincia. Un gobierno que no puede tener financiamiento, no puede subir más impuestos, sino que los está bajando, no tiene otra forma de financiar esto que no sea con inflación”, criticó Fayad.

Y apuntó a la medida que beneficia a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en donde se encuentra, también por el nivel de vida, la mayor concentración de salarios altos. “Esto va derecho a precios, canasta básica y va derecho al poder adquisitivo. Salió el dato de pobreza, proyectado al desastre actual, estamos hablando de mas de 20 millones de pobres financiando a 600 mil trabajadores ricos. Estuvieron 45 meses, ahora se les ocurre hacerlo”, dijo sin tapujos el funcionario provincial.

Claridad sobre el IVA

En la reunión del CFI también se tocó el tema del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). “Está menos claro porque no está la ley. Hicimos un pedido de declaratoria para que estime los costos en caso de que el proyecto saliera así tal cual está. Me animo a decir que es un poco menos que lo de Ganancias pero tiene impacto. Puede estar rondando una masa de costo salarial”, indicó Fayad.

“El proyecto es un engaño porque lo venden como una disminución del IVA de la canasta básica y está muy lejos de ser eso. Está diseñado, otra vez, poniendo al Gobierno Nacional como intermediador de la pobreza, como gestor de la pobreza, que es lo que hacen con los planes sociales”, criticó el titular provincial de Hacienda.

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Y ejemplificó el caso en una compra común de alimentos. “No es que va Rosa a comprar el paquete de fideos y paga cero de IVA. El proyecto dice que Rosa va a pagar el IVA de los fideos, va a ir a a las arcas del Gobierno Nacional y éste va a elegir cuando, cómo y a quién se lo devuelve. No es para nada sutil la diferencia”.

“¿El proyecto es una rebaja del IVA en la canasta? Lo podríamos analizar. Podríamos llegar a estar dispuestos a asumir parte del costo, pero para que Nación haga intermediación de la pobreza, como hace con los planes, con la plata nuestra, no”, sentenció.

En la diferenciación, explicó que “una cosa es que te bajen un impuesto y otra es que el Estado se ponga en intermediario. Si realmente querés bajarlo, bajalo, no diseñes un engendro fiscal para jugar a Papá Noel con la plata de las provincias. Y devolvérsela como se te de da la gana, cuándo y a quién se te de la gana, con plata que no es tuya”.