El objetivo del mandatario es refinanciar los pasivos existentes hasta diciembre de 2025. Se utilizarán instrumentos CER, a tasa variable y a tasa fija.
Alfredo Cornejo autorizó la emisión de deuda por 224.000 millones de pesos para refinanciar la deuda provincial. Prensa Gobierno
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El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó una emisión de títulos de deuda por hasta 224.618.656.377 de pesos, monto previsto en la Ley de Presupuesto 2025. La medida fue formalizada en dos decretos consecutivos —el Nº 117 con fecha del 28 de enero y el Nº 321 del 20 de febrero de este año—, ambos fueron publicados este lunes en el Boletín Oficial.
El objetivo del Ejecutivo es ordenar la planificación financiera del año y garantizar el cumplimiento de sus compromisos fiscales. En ese sentido, el segundo de estos decretos, que deja sin efecto al anterior, introduce ajustes clave en el destino de los fondos, alineando la operatoria con la legislación vigente.
A medidos de marzo, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, anunció la colocación de dos bonos en pesos, por un total de 56.000 millones de pesos. A raíz de esta operatoria, la Provincia pudo adquirir, mediante el Banco Central, los 40 millones de dólares que necesitaba para afrontar el primer vencimiento importante del año en esa moneda, de acuerdo a al Bono Mendoza 2029 (que es el título de 2016 reestructurado)
En tanto, en septiembre se deberán abonarán otros U$S 39,85 millones en concepto de amortización, y U$S 9,16 millones de intereses. En total, para este 2025, la gestión de Cornejo deberá afrontar compromisos de pagos por un poco más de 127 millones de dólares.
La emisión de deuda se encuentra autorizada por los artículos 5º, 38 y 40 de la Ley Provincial Nº 9601, que aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2025. Esa ley establece un tope de $224 mil millones para amortización y ajuste de deuda consolidada, y habilita al Poder Ejecutivo a utilizar el crédito público para cumplir con dicho objetivo.
A su vez, la operatoria se ampara en la Ley Nº 8706 de Administración Financiera, que contempla tanto la emisión de nuevos títulos como la refinanciación o reestructuración de deuda preexistente. Específicamente, el inciso f del artículo 60 habilita este tipo de operaciones cuando el objetivo es mejorar el perfil de vencimientos, condiciones de pago o tasas de interés.
El Decreto Nº 321 se enmarca en esta legislación y deja claro que los fondos no serán utilizados para gastos nuevos o ampliación del déficit, sino para cubrir obligaciones financieras ya contraídas, lo que reduce la presión fiscal de corto plazo sin alterar el nivel de endeudamiento estructural.
Ambos decretos prevén la posibilidad de emitir tres clases de títulos:
En todos los casos, los bonos estarán denominados en pesos, con posibilidad de emisión en distintas series o clases, y tendrán un vencimiento máximo de 48 meses desde su fecha de emisión. El decreto también habilita la opción de rescate anticipado de los títulos, total o parcial.
El mecanismo de colocación será la licitación pública a través del sistema electrónico SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico (MAE), bajo el régimen de subasta holandesa, donde se adjudica al precio más alto ofrecido entre los participantes.
Para brindar mayor seguridad a los inversores, la provincia utilizará como garantía los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, instrumento habitual en emisiones provinciales. En caso de incumplimiento, el agente financiero de la provincia —actualmente el Banco Nación— deberá transferir automáticamente los fondos a la Caja de Valores S.A., para asegurar el cobro por parte de los tenedores de bonos.
La forma de pago será exclusivamente en pesos, mediante transferencias electrónicas a las cuentas de los beneficiarios, según los procedimientos operativos de la Caja de Valores y sus participantes directos.
Los títulos serán documentados en certificados globales, operados dentro del depósito colectivo que prevé la Ley Nº 20.643, y podrán ser listados tanto en el MAE como en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).
Tanto el Decreto Nº 117 como el Nº 321 delegan al Ministerio de Hacienda, encabezado por Víctor Fayad, la responsabilidad de determinar las condiciones específicas de cada emisión, tales como la fecha, el tipo de instrumento, el precio, la tasa de interés, el monto a licitar, y otros detalles técnicos.
También le otorgan facultades para elaborar prospectos, firmar los documentos necesarios, gestionar autorizaciones ante organismos nacionales y definir aspectos operativos y jurídicos para llevar adelante las colocaciones en el mercado.
Además, el nuevo decreto ratifica que la operación queda exceptuada de la intervención del Auditor Interno, por tratarse de una acción prevista por una ley aprobada con las mayorías constitucionales correspondientes.
Si bien ambos decretos comparten la estructura general y el monto máximo de emisión, el Decreto Nº 321 introduce una modificación relevante respecto del uso de los fondos. Mientras el texto original preveía la cancelación de servicios de amortización incluidos en el presupuesto, el nuevo instrumento precisa que el destino será la refinanciación de pasivos existentes, lo cual puede implicar mejoras en plazos, tasas u otras condiciones sin comprometer recursos nuevos.
Además, el decreto actualizado extiende la vigencia de la autorización hasta el 31 de diciembre de 2025, otorgando mayor margen temporal al Ministerio para elegir el momento más conveniente según las condiciones del mercado.
Desde el Gobierno provincial destacan que esta herramienta permitirá mantener una presencia activa en el mercado de capitales, lo cual no solo garantiza acceso al crédito cuando sea necesario, sino que también fortalece la reputación financiera de la provincia ante potenciales inversores.
Por último, en el edificio ubicado en el Parque Cívico señalan que la operatoria se presenta como un instrumento para asegurar la liquidez, preservar la capacidad de pago y administrar de forma más eficiente el perfil de deuda. En ese sentido, también se busca cumplir con los compromisos del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, cuya aprobación es requisito para avanzar con la colocación efectiva.