El abogado brasileño Rafael Vadim sostuvo que una eventual decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU obligará al Estado argentino a adoptar medidas internas para su implementación.
Cristina Fernández de Kirchner.
Foto:
Web
El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo internacional que representa a Cristina Kirchner, sostuvo que el Estado argentino deberá cumplir cualquier decisión que adopte el Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto de la presentación realizada por la expresidenta. No obstante, aclaró que una eventual resolución requerirá medidas internas para su implementación y no tendrá aplicación automática por parte de la Justicia.
Durante una entrevista en Solo una vuelta más, por TN, el jurista explicó que la estrategia internacional es llevada adelante junto al abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Vadim afirmó que las resoluciones del organismo internacional generan obligaciones para el Estado argentino: "Podemos afirmar sin ninguna duda que lo que decida el Comité de Derechos Humanos de la ONU es vinculante".
Según explicó, el eventual pronunciamiento del comité deberá ser implementado mediante los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico argentino. "El Poder Judicial argentino recibirá esa decisión del comité y tendrá que implementarla", sostuvo al describir el procedimiento que, según la postura de la defensa, corresponde seguir.
La presentación realizada por la defensa solicita que, mientras el comité analiza el fondo del caso, se dicte una medida provisional para suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner.
Vadim señaló que, si el organismo concediera esa medida cautelar, el Estado argentino debería adoptar las decisiones necesarias para hacer efectiva esa resolución en el ámbito interno.
Asimismo, rechazó que la intervención del comité implique una intromisión sobre la Justicia argentina y sostuvo que la reforma constitucional de 1994 incorporó con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. En ese sentido, remarcó que el organismo no revisará nuevamente el juicio, sino que evaluará si durante el proceso se respetaron las garantías del debido proceso.
El abogado también cuestionó la sentencia dictada contra la expresidenta y sostuvo que la inhabilitación perpetua resulta incompatible con antecedentes del propio Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, aseguró que, tras analizar el expediente judicial, considera que la condena carece de fundamentos suficientes. "Examiné todo el expediente de la causa Vialidad y puedo afirmar que Cristina es inocente; no hay elementos para condenarla", afirmó.
Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 concluyó que durante sus gobiernos existió una maniobra destinada a favorecer a empresas vinculadas a Lázaro Báez mediante 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz, con irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de los contratos.
La sentencia fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa.
