A 20 años del 2001: cómo se gestó la crisis en Mendoza

Quince medidas económicas en dos años entre las que estaban la reforma laboral, aumentos de impuestos, el anuncio de varios ajustes y el corralito, desató la crisis económica, social e institucional más grave desde el comienzo de la democracia en 1983. También influyó el déficit del Estado, el fuerte endeudamiento para sostener la convertibilidad y el atraso del tipo de cambio, que impedía que los productos argentinos fueran competitivos en el mundo, además Brasil había devaluado su moneda en 1999.

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El ruido de las cacerolas hizo que renunciara Domingo Cavallo, un día como hoy, un 19 de diciembre. Al otro día, después de decretar el estado de sitio y de que fallecieran 39 personas en las distintas manifestaciones, renunció el presidente Fernando De la Rúa y se sucedieron 5 presidentes en 11 días (Fernando De la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde).

Si bien al poco tiempo de empezar su gobierno De la Rúa anunció varios ajustes, las cosas se complicaron con la ley de déficit 0 que impulsó Cavallo, luego del fallido plan de ajuste que intentó aplicar Ricardo López Murphy, mediante la cual se debía priorizar el pago de la deuda y sus interesas y después, si había dinero, abonar jubilaciones y salarios.

Ajuste en los salarios

El 24 de julio, para cumplir con el déficit 0, el gobernador Roberto Iglesias anunció un ajuste de 88 millones de pesos para el año, 46 serían en salarios y 42 en gastos operativos, terminó con la exención de Ingresos Brutos para empresas de servicios lo que implicó la suba de la tarifa de los mismos, también se les eliminó beneficios impositivos a estaciones de servicio y se les aumentó la tasa a entidades financieras y AFJP.

El recorte en los salarios corría a partir de los que cobraban $ 500 en forma escalonada, de $ 501 a $ 1.000, el 9%; de $ 1.001 a 2.000 del 11%; de $ 2.001 a 4.000 del 16%. Para los que cobraban más de 4.000 pesos, cuatro en toda la administración pública, el ajuste era del 20%. Estos recortes incluían las locaciones de servicios. Impactaba en 39.000 personas que ganaban más de $ 500 en el Estado. Pero, el porcentaje de recorte se mantendría si el Poder Legislativo y el Judicial aplicaban un ajuste similar en los salarios, sino el descuento debía ser mayor.

Los legisladores se plegaron al recorte del 20%, pero en el Poder Judicial no tuvo buena acogida el ajuste propuesto por Iglesias. La Corte anunció que destinaría el 10% del salario de los jueces a un fondo solidario, pero el gobierno pedía el 20%. Los empleados judiciales que fueron alcanzados por el recorte y los ministros de la Corte le propusieron al gobierno que trabajarían una hora más a cambio de no recortar el salario, propuesta que fue desechada por el gobierno porque “lo que falta es plata”. Unos 300 jueces se resistían a donar más del 10% del salario propuesto por la Corte, debido a que consideraban que sus sueldos eran “intangibles” y no podían ser reducidos si ellos no estaban de acuerdo.

Un ministro de la Corte cobraba $ 4.010, un camarista $ 3.610, un juez de primera instancia $ 3.200 y un camarista, también de primera instancia, $ 2.807. Un miembro de la Corte con 18 años de antigüedad podía cobrar $ 5.872. El recorte del 20% en el salario de 315 magistrados implicaba 5 millones de pesos.

Unos 175 jueces, el 55% del total, finalmente adhirieron al recorte del 10%. De los 400 mil pesos de ajuste que buscaba el gobierno, sólo logró 100 mil. Por su parte, referentes de ATE y SUTE presentaron en la justicia un amparo colectivo en representación de miles de trabajadores para frenar el recorte salarial que obtuvo fallo favorable del juez Luis Plana. “El gobierno debe seguir pagándole a los empleados, como lo hacía, y por el momento no procede el ajuste establecido por decreto hasta que se termine de resolver”, dijo el magistrado.

El gobierno comenzó a pagar los salarios escalonados el jueves 6 de setiembre y con el recorte, haciendo una liquidación provisoria hasta tanto hubiera sentencia firme de la justicia sobre la legalidad del ajuste. A través de un decreto Iglesias modificó el recorte inicial y dispuso pagar en su totalidad los salarios menores a $ 500 y descontarles el 7,5% a los que iban desde $ 501 a 2.012 pesos, monto máximo de remuneración que pagaría el Estado. Quedaban enganchados así los jueces, porque no era un recorte, sino una “liquidación provisoria”. Así, al no haber logrado los 5 millones para pagar los salarios, el gobierno pateaba el pago de ese dinero para cuando la justicia resolviera con una sentencia el caso.

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Los jueces explotaban de enojo, debido a que la mayoría de ellos cobraba más de $ 2.012 y consideraban que Iglesias estaba coaccionando al juez Plana con su decreto, así fue como también comenzaron a pedir que dejaran de descontarles el 10% del sueldo al que habían accedido voluntariamente. Mientras tanto la Corte emitió una acordada pidiéndole al Gobierno que anulara el decreto que autorizaba el pago provisorio, porque “lesiona la independencia del Poder Judicial”

Iglesias seguía buscando plata para pagar los salarios, estaba a 17 de octubre y no podía pagar los sueldos superiores a 1.000 pesos. El 22 de octubre no habían cobrado trabajadores de salud y educación.

Asfixiado por la crisis, el gobierno de Mendoza decidió aceptar Lecops en pago de coparticipación.

Corralito y crisis

El gobierno nacional no podía detener la fuga de dólares y se vio obligado a sancionar una ley que garantizara la intangibilidad de los depósitos a fines de agosto, pero ya era tarde. Si en setiembre los depósitos habían logrado recuperarse y subir en 1.600 millones, en octubre cayeron en cerca de 3.000 millones, mientras que en noviembre fue aún peor: se perdieron 5.500 millones en todo el sistema. Tan solo durante el último día del mes (el famoso viernes 30, recordado como el viernes negro) dejaron los bancos 2.500 millones de dólares.

Así fue como llegó el corralito el 1 de diciembre, Cavallo anunció que la gente sólo podía retirar 250 pesos de los cajeros. La bronca estalló y la medida también complicó más una economía que estaba detonada. El ministro de economía seguía anunciando ajustes para el 2002 y en Mendoza la desocupación llegaba al 13%, récord histórico, se habían sumado 10.000 desocupados en un año y el número de la gente sin trabajo llegaba a 45.000 personas.

Se produjeron 25 saqueos en 5 días

El jueves 13 de diciembre de 2001 se produjo el primer saqueo en Mendoza, un grupo de personas llegó al Atomo de Avellaneda y Capilla de Nieve en Guaymallén. En total fueron 25 saqueos en 5 días, en varios la policía tuvo que disparar balas de goma para frenar los intentos de la gente para ingresar a los supermercados. “Creo que existe una realidad socioeconómica muy compleja que es caldo de cultivo. Pero si hubo conductas violentas es porque fueron reactivadas”, decía el gobernador Roberto Iglesias.

Los que llegaban a la puerta de los supermercados decían que no les llegaba el dinero de los planes sociales. Desde el gobierno negaban que no estuvieran cobrando los beneficios y decían que, además de la necesidad, los saqueos estaban orquestados. El domingo 16 se produjo un saqueo en Las Heras y se detuvo a dos punteros del concejal lasherino Roberto Lucas. El gobierno entregó bolsas con alimentos para frenar los saqueos, eran donaciones de empresarios y supermercados.

Que se vayan todos

El enojo de la ciudadanía se tradujo en el famoso ¡Que se vayan todos! y así fue como varios políticos mendocinos fueron escrachados en los cafés de la peatonal.

El entonces ministro de Hacienda Enrique Vaquié se vio obligado a refugiarse en un baño del café Bonafide, algo similar hizo el entonces ministro de Economía Lucio Duarte. También Víctor Fayad fue escrachado un sábado a la mañana mientras tomaba café con su madre.

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Las protestas por el corralito y la demora del pago de salarios eran constantes. Pero la gente también comenzó a manifestar en los concejos deliberantes de los distintos departamentos para que los ediles se bajaran las dietas y redujeran los gastos.

El drama social

La economía de Mendoza cayó 7% en el 2001 y las consecuencias del estancamiento primero, debido a que estábamos en recesión desde 1998, y de la devaluación después, no tardaron en hacerse sentir. Se incrementaron las ayudas sociales y las estrategias de supervivencia como los clubes del trueque que se expandieron por toda la provincia.

El gobierno decidió en enero del 2002 emitir un bono para oxigenar las cuentas provinciales y así apareció el Petrom.

Hay dos hechos que reflejan el desastre social que se vivía en Mendoza por esos días. Uno fue que la Dirección General de Escuelas, antes que comenzaran las clases en 2002, emitió dos resoluciones, en una informaba que comenzaría a sancionar a los alumnos que ingresaran con armas a las escuelas; en la otra, reglamentaba que no era necesario que los alumnos asistieran con guardapolvo y pedía que se pidieran la menor cantidad de útiles y textos para evitar el gasto de dinero en las familias.

Pero la cachetada más fuerte llegó cuando se conoció la noticia de que en la escuela Custodia Zuloaga del distrito de San Roque de Maipú, los chicos se desmayaban de hambre porque no les llegaba la copa de leche debido a la falta de recursos del gobierno provincial. Los chicos se levantaban, iban a cosechar y sin almorzar iban a la escuela en donde seguían sin comer nada. La pobreza llegó al 54,1% en el 2003, el índice más alto desde que arrancó la medición en 1991.

Veinte años han pasado desde la crisis del 2001 y hay muchas cosas para reflexionar. Hay muchos problemas que siguen estando, la pobreza, no bajó del 20%, por decir uno.