Comenzó como una política de Estado allá por febrero de 2012, ni bien la presidenta Cristina Fernández había asumido su segundo mandato.
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Comenzó como una política de Estado allá por febrero de 2012, ni bien la presidenta Cristina Fernández había asumido su segundo mandato.
En la Casa Rosada, la jefa de Estado presentó a toda la oposición el anteproyecto del Código Civil y Comercial que ayer terminó de sancionar el Congreso, el cual había sido redactado por prestigiosos juristas, entre ellos los ministros de la Corte Suprema: Ricardo Lorenzetti y Elena Highton y por la jurisconsulta mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. Los tres poderes del Estado aplaudieron la importante iniciativa y se comprometieron a trabajar unidos.
Durante un año y medio, la comisión Bicameral que se creó para elaborar el proyecto de ley recorrió gran parte de las provincias y escuchó a todas las partes interesadas en dar sus opiniones. Pero fue el propio Gobierno quien frenó durante casi todo 2013 la sanción del Senado, que actuó como Cámara de origen.
En primer lugar, porque la Corte se demoró hasta pasados los comicios de octubre para resolver sobre la Ley de Medios y el Ejecutivo no quería dar el mérito a Lorenzetti de ser el autor del nuevo Código si éste le bochaba puntos centrales de la legislación audiovisual.
El otro freno lo impuso la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano. Los obispos argentinos no habían sido escuchados por el Congreso en sus críticas, pero cuando el “efecto Francisco” tomó fuerza, lograron cambiar artículos clave en el Senado, con la venia de la Casa Rosada.
Sorprendida porque Cristina Fernández mandó a votar a libro cerrado luego de su encuentro con el Papa Francisco hace dos semanas, la oposición pidió un debate amplio pero terminó encerrándose en farragosas argumentaciones técnicas sobre la legalidad del trámite parlamentario y hasta haciendo denuncias penales en la Justicia.
La foto de ayer del oficialismo votando en soledad nada menos que el plexo normativo que regulará la vida privada de 40 millones de argentinos, deja una certeza inquietante: que los políticos de nuestro país no pueden sostener una política de Estado y que, en cambio, se dejan ganar por sus apetitos personales y cálculos electorales.
Por Mario Fiore - Corresponsal en el Congreso Nacional