Una lujosa casa y 8 vehículos provenientes del delito pasaron desde la Justicia al Gobierno provincial en los últimos tiempos, tal como lo permiten la Ley de Extinción de Dominio y el Código Procesal Penal de Mendoza.
Provenientes de la corrupción y el narcotráfico, autos y camionetas fueron entregados a la Policía y los fondos de la venta de la residencia del exintendente Luis Lobos, a la DGE. Fue a través de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y del artículo 226 del Código Penal.
Una de las fotos que se exhibieron en la subasta online de la residencia de Lobos.
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Una lujosa casa y 8 vehículos provenientes del delito pasaron desde la Justicia al Gobierno provincial en los últimos tiempos, tal como lo permiten la Ley de Extinción de Dominio y el Código Procesal Penal de Mendoza.
Mendoza fue la primera provincia en tener una ley de Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, sancionada en 2019, la cual le permite al Estado provincial recuperar bienes provenientes de delitos de corrupción y narcotráfico sin esperar una sentencia penal firme.
En febrero de 2021, la ley fue aplicada por primera vez por la jueza María Paz Gallardo, quien estableció la aceptación parcial sobre tres inmuebles que pertenecieron al exintendente de Guaymallén, Luis Alberto Lobos, y a su esposa, Claudia Verónica Sgro.
En junio de 2025, una de las propiedades, la más valiosa, fue subastada y la oferta ganadora fue de $172.241.977,30. Es una vivienda de 620 metros cuadrados cubiertos y 1.666 de terreno. Tiene cuatro habitaciones (una en suite), pileta, quincho, terrazas y cochera.
La Dirección General de Escuelas recibió los fondos, tal como establece la normativa. El destino, en particular, fue la reparación de establecimientos escolares, según se comunicó en su momento.
Lobos se encuentra preso cumpliendo una condena de ocho años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. Las otras dos viviendas están en disputa judicial.
Por otra parte, el Código Procesal Penal de Mendoza establece en el artículo 226 que los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición del órgano judicial interviniente, o bien se ordenará su depósito.
Sin embargo, en el caso de vehículos o bienes de significativo valor, no se entregarán en depósito sino a sus propietarios, salvo que desde su secuestro hayan transcurrido seis meses sin que nadie los reclamara.
En este supuesto, los automotores podrán ser solicitados por el Poder Ejecutivo para ser afectados exclusivamente al cumplimiento de la función de seguridad en la Policía.
Según informaron desde la Procuración, en los últimos tiempos, 8 vehículos (autos y camionetas) fueron entregados en su totalidad al Ministerio de Seguridad y Justicia para la División Investigaciones, entre otros destinos.
Hace ya nueve años, en 2017, el Ministerio de Seguridad tenía en su flota de móviles un reluciente Audi Q5 que paseaba por las calles del centro con una leyenda en las puertas y el capot: "Vehículo recuperado del narcotráfico".
El llamativo auto alemán fue uno de los 19 vehículos que la Justicia Federal le cedió por esa época a la provincia. Había pertenecido a un narco que operaba en Bowen, General Alvear, al que le decomisaron 1.300 kilos de marihuana y le secuestraron otros cuatro vehículos y un inmueble, el cual se destinará al tratamiento de personas con adicción a los estupefacientes.
También quedaron en poder de Seguridad, en esa misma cesión de bienes, una camioneta Toyota Hilux SW4, modelo 2009, que perteneció al clan de Sandra Jaquelina Vargas Méndez (48), más conocida mediáticamente como la "Yaqui" Vargas.
La mujer cumplió 12 de los 15 años a los que fue condenada por comercio de drogas y ahora está con prisión preventiva por liderar, desde la cárcel, una organización dedicada a la venta de drogas en rol de jefa y financista.
Desde Seguridad no informaron si estos vehículos siguen activos o si ya han sido dados de baja o vendidos, aunque explicaron que no han vuelto a recibir vehículos de la Justicia Federal.
Otra forma en que los bienes del delito han pasado a la sociedad civil es la implementada por el Ministerio Público Fiscal Federal de Mendoza que, en junio del año pasado, entregó $74 millones a hospitales, comedores y organizaciones comunitarias.
Se trata de dinero proveniente de casos en los que se establecieron reparaciones integrales realizadas desde agosto de 2025, cuando se implementó el sistema acusatorio en la justicia federal local.
Estas reparaciones integrales se asignaron a entidades de bien público de Capital, Godoy Cruz, Maipú, La Paz, Tupungato, Las Heras, Guaymallén y Tunuyán.
Así, en Godoy Cruz se donaron instrumentos e insumos musicales a la Orquesta Infanto-Juvenil del Centro de Actividades Educativas; se entregaron materiales e insumos básicos para el refugio de personas en situación de calle y consumos problemáticos; se equipó su cocina con electrodomésticos y se otorgaron equipos informáticos para sostener las actividades cotidianas de un Centro de Jubilados.
También, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Maipú recibió un desfibrilador, de igual manera que los hospitales públicos Carlos Saporiti (Rivadavia) y Las Heras (Tupungato) recibieron insumos críticos para su actividad.
Finalmente, se donaron 106 pares de zapatillas de primera marca a los espacios comunitarios de Godoy Cruz y a la escuela rural del departamento de La Paz.
Asimismo, otros 550 pares incautados por la Aduana —en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.362 de Marcas— fueron destinados a espacios comunitarios de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Tunuyán.