El barrio privado de Nordelta quedó involucrado en el escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios de la gestión libertaria”.
El juez Sebastián Casanello manifestó que Ariel De Vicentis influyó en gran medida para que el empresario Jonathan Kovalivker pudiera salir del barrio privado.
Nordelta, localidad urbana en el Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
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Gentileza El barrio privado de Nordelta quedó involucrado en el escándalo por los audios que sugieren “presuntos pagos de coimas de parte de laboratorios a funcionarios de la gestión libertaria”.
El jefe de seguridad del lugar, identificado como Ariel De Vicentis, fue procesado por la Justicia argentina al ser acusado de haber alertado a Jonathan Kovalivker -empresario y dueño de la droguería Suizo Argentina- para que pudiera escapar antes de que la policía llegara a detenerlo.
La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien imputó a De Vicentis por desobediencia, estorbo del acto funcional y encubrimiento. El magistrado consideró que existió una “interferencia activa” destinada a frustrar la medida judicial.
De Vicentis lleva 12 años trabajando en la seguridad del complejo, al que él mismo define como “la Ciudad”. El episodio ocurrió el 21 de agosto, cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue a buscar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.
De Vicentis estaba de vacaciones, pero, aun así, intervino en el operativo.
Jonathan logró marchar antes de que los agentes lo encontraran, mientras que a Emmanuel lo detuvieron cuando intentaba salir en su vehículo con más de 260.000 dólares.
Según relata el fallo, la policía llegó a la garita exterior y le solicitó al vigilador de turno el domicilio de Jonathan Kovalivker. Sin embargo, minutos después, ese trabajador recibió insistentes llamados de De Vicentis, que pedía explicaciones sobre la presencia de los efectivos.
Ante esto, uno de los oficiales interrumpió la comunicación para evitar que se filtrara información sensible que pusiera en riesgo el operativo. Según Casanello, esa maniobra influyó en gran medida para que Jonathan Kovalivker pudiera escapar.
Los Kovalivker están investigados por supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la secretaria presidencial, Karina Milei, es la principal apuntada.
“De Vincentis interfirió activamente la ejecución de la orden judicial, procurando frustrar su cumplimiento”, señaló Casanello en la resolución. Para el juez, el caso dejó en evidencia la existencia de un “protocolo no escrito” en Nordelta que busca no colaborar con las fuerzas de seguridad, demorando operativos.