¿Prestamista asesinado por encargo? Juzgan a un presunto sicario, dos instigadores y dos organizadores
En la modalidad de juicio por jurados, un tribunal popular decide la suerte de cinco imputados por el homicidio de Matías “Oso” Miralles, acribillado a balazos en 2022, en la puerta de su casa, ubicada en la calle Montecaseros de Ciudad.
Los imputados por el homicidio de Matías “Oso” Miralles. Gentileza Poder Judicial + IA.
Pocas veces llega a juicio lo que comúnmente se denomina como “un asesinato por encargo”. Pues bien, desde hoy un tribunal popular conformado por 12 ciudadanos deberá establecer la inocencia o culpabilidad de 5 acusados por el homicidio del prestamista Matías “Oso” Miralles (33), quien fue acribillado a balazos en junio de 2022, en la puerta de su casa de la Cuarta Sección de Ciudad.
Según la Fiscalía de Homicidios, se trató de un crimen organizado y la investigación determinó que cada uno de los acusados tuvo un rol definido: dos presuntos instigadores, un negociador, un proveedor y dos jóvenes sicarios que, disfrazados como repartidores de Pedidos Ya, se habrían encargado del homicidio.
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La Fiscal Andrea Lazo. Gentileza Poder Judicial + IA.
En tanto que para las defensas, se trata de un rompecabezas con piezas faltantes o que no encajan en la hipótesis acusatoria.
El debate en la modalidad de juicio por jurados, comenzó hoy a las 10 en la sala 15 del Polo Judicial Penal y los 12 integrantes del tribunal recibieron instrucciones de la jueza técnica Carolina Colucci.
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13-04-2026 13:10
Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE Matías Miralles
Todos los imputados son juzgados por “homicidio doblemente agravado por precio o promesa remuneratoria y uso de arma de fuego, agravado por la participación de un menor”, delito que tiene como única pena la prisión perpetua.
La fiscal de Homicidios Andrea Lazo representa la parte acusadora por el Ministerio Público Fiscal, en tanto que Fernando Leyría y Nelli Yucgra, y Claudia Vélez, son los querellantes.
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El abogado Pablo Livio Cazabán. Gentileza Poder Judicial + IA.
Mientras que las defensas están a cargo de Gabriel Alliana (por Sosa González), Leandro Ruiz (por Herrera Brizuela), Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales (por Herrera Páez) y Johana Montero (por Segovia Contreras), y Pablo Cazabán y Carla Tirenti (por Ideme Parra).
¿Un homicidio por encargo?
Tras las indicaciones de la jueza al jurado, la etapa de alegatos de apertura comenzó con la fiscal Lazo, quien explicó que se trata de una causa compleja, donde cada uno de los acusados cumplió un rol para llevar adelante un plan.
“Sosa e Ideme le debían 40 mil dólares a Miralles y, con el tiempo, generó intereses altísimos que fueron creciendo, y que llegaron al valor de una casa, la de Sosa”, afirmó Lazo.
Luego indicó que, por la dificultad de cobro, Miralles empieza a presionar para cobrar. Esta exigencia se transforma en amenaza, cuando el prestamista les dice que se iba a quedar con la casa de Sosa y comienza también a amenazar a los familiares.
En junio de 2022 la situación se hizo insostenible y tomaron una decisión: eliminar a Miralles. Pero no lo hacen ellos sino que se inicia una cadena: recurren a Jorge Herrera, una persona de confianza (empleado de Ideme, en la galería Tonsa) para matar Miralles a cambio de dinero y droga.
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La abogada Carla Tirenti. Gentileza Poder Judicial + IA.
Entonces Herrera le pasa el pedido a Lucas Segovia, quien se contacta con dos personas, su primo Paulo Herrera, y un menor, conocido como “Chongo”.
El 9 de julio, se juntan en Las Heras los tres barras de Huracán y Segovia le entrega a “Chongo” un arma 9 milímetros. Los dos jóvenes se van en una moto conducida por Herrera a la casa de la víctima, ubicada en Montecaseros al 1800 de Ciudad.
Ese día, a las15, el Chongo se baja de la moto, ingresa por un pasillo de la vivienda, golpea la puerta de Matías Miralles, y cuando abre la puerta, “efectúa varios disparos. Tres impactan en el cuerpo y el prestamista muere al instante”.
“Fue una acción coordinada, todos con un rol, unos organizaron, otro tramitó, y otros ejecutaron”, sostuvo Lazo.
Indicando a continuación que “lo que dicen los testigos coincide con la evidencia. No es casualidad, se trató de una decisión tomada, organizada y ejecutada por los acusados. Esto se trató de un homicidio planificado y vamos a pedir un veredicto de culpabilidad de los acusados”
La querellante oficial, Vélez, coincidió con la posición de la fiscalía y explicó que “se trató de un homicidio por encargo. Tuvieron en cuenta eliminar un obstáculo. Lo mataron para no pagar”.
¿Un rompecabezas con piezas faltantes?
Luego fue el turno de las defensas que coincidieron en dos puntos: que los acusados son inocentes y que el jurado analice de forma individual la presunta participación de cada uno de los imputados.
Así Leandro Ruiz, defensor de Pablo Herrera, solicitó al jurado que evalúe la prueba separadamente para analizar el rol de cada uno. “Herrera estaba en otro lugar y lo vamos a probar. Acá no se juzga a una organización sino a personas. Es fundamental evaluar el caso individualmente. Herrara no participó ni tuvo conocimiento y pedimos que se le dé un veredicto de no culpabilidad”.
La abogada Johana Montero, por Segovia, indicó que el crimen “es un rompecabezas con piezas que faltan y piezas que no encajan. A Segovia pretenden incriminarlo con un arma que ha sido utilizada en otros hechos por otras personas. La fiscalía se centró en una hipótesis y hay piezas que fueron desechadas porque no encajan”.
Luego sostuvo que “Segovia no participó no tiene conocimiento. Les voy a pedir un veredicto de no culpabilidad”.
A su turno, Carla Tirenti, defensora de Ideme y de Herrera, junto a Pablo Livio Cazabán, indicó que tienen enfrente “un dilema que es complejo porque hay que probar algo que no ocurrió. Nuestros defendidos no han participado en este hecho”.
En tanto que Pablo Cazabán indicó que hay un relato que parece lógico, ordenado, y que la fiscalía ha prometido que hay pruebas para acreditarlo, “pero no existen pruebas en relación a sus dos defendidos”.
“Se encuentra acreditado que Ideme no tenía ninguna deuda. Hay una prueba digital. Ideme no era deudor, entonces el supuesto motivo no existió nunca y esa prueba proviene del teléfono de la víctima”, sostuvo.
Según su hipótesis, luego de que fueran detenidos los presuntos autores, un año después la fiscalía “con supuestas pruebas o una incorrecta interpretación, arma esta hipótesis de cadena de responsabilidades. La primera etapa de la presunta organización es una creación que no existió y no hay prueba de que Ideme le pidiera a Herrera que fueran a matar a Miralles. Sólo hay un testigo que tiene interés en la causa”.
“Debemos probar lo que no fue, un hecho negativo. Les pido que sean críticos con respecto a la prueba y les aseguro que llegarán a un veredicto de no culpabilidad para Ideme y Herrera”, dijo el abogado.
Por último, el abogado Gabriel Aliaga, defensor de Guillermo Sosa, dijo que su cliente hacía cuatro años que pagaba la deuda y no tenía motivos para hacerle daño a Miralles.
“Esa deuda había sido garantizada y quedó para la familia. De la prueba surge que Sosa siempre pagó, no se hizo un monto abultado y en la última semana lo único que se debía eran los intereses y le pedía un cambio de las garantías. No tenía motivo para un homicidio”, dijo, solicitando al final un veredicto de no culpabilidad.
Un crimen organizado
En la tarde del 9 de junio de 2022 en unos departamentos de Montecaseros al 2850 de Ciudad, dos jóvenes disfrazados como deliveries de Pedidos Ya acribillaron a balazos a uno de los inquilinos, se subieron a una motito y desaparecieron del lugar.
Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la ocupación de la víctima: Matías Oscar Miralles era prestamista. El dato direccionó la investigación realizada inicialmente por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien ordenó la detención de cinco personas.
Matías Miralles murió de tres disparos el 9 de junio del año pasado, a días de cumplir 34 años. | Foto: Los Andes
Matías Miralles murió de tres disparos el 9 de junio del año pasado, a días de cumplir 34 años. | Foto: Los Andes
Para el fiscal, el comerciante Guillermo Sosa le había pedido prestado a Miralles 40.000 dólares y, con la inflación, la deuda se tornó impagable. Así, Miralles llegó a la extorsión: le habría dicho que le iba matar a alguien de la familia.
Entonces el comerciante le habría pedido al “cuevero” Ideme, que le recomendara a alguien para terminar con el asunto. Ideme lo habría contactado con Jorge Herrera, alias “Ballena” o “Tiburón”, un “arbolito” que le pasó el “trabajo” a su hijastro, Lucas Segovia.
Este joven habría planificado el homicidio que habría sido ejecutado por un menor de edad conocido como “Chongo” (presunto tirador), en tanto que Pablo Gabriel Herrera habría manejado la moto.