La Justicia ha decidido avanzar firmemente en una causa que ha generado una fuerte repercusión en la localidad de Cafayate, tras la celebración del polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida en Salta.
La Justicia de Salta investiga el uso de documentos apócrifos para habilitar una celebración con más de cien invitados en plena reserva natural.
Imputaron a una mujer por el polémico casamiento en un área natural de Salta
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La Justicia ha decidido avanzar firmemente en una causa que ha generado una fuerte repercusión en la localidad de Cafayate, tras la celebración del polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida en Salta.
La fiscal penal Sandra Rojas imputó provisoriamente a Lucía Belén Grajales Soriano, de 36 años, por los delitos de falsificación de instrumento público y uso de documento falso en concurso ideal.
La acusada, quien se desempeña como organizadora del evento y sería propietaria del terreno dentro de la reserva donde se realizó el festejo, optó por presentar su declaración por escrito ante las autoridades dentro del plazo legal establecido.
El caso tuvo su origen el pasado 23 de marzo durante un control de rutina realizado por agentes de la Secretaría de Ambiente sobre la Ruta Nacional 68.
En ese momento, las autoridades detectaron una imponente estructura montada para un evento que incluía un escenario, iluminación y equipos de sonido en el corazón de la Quebrada de las Conchas.
Al tratarse de un área protegida con formaciones geológicas de unos 50 millones de años, cualquier actividad de este tipo requiere de autorizaciones ambientales sumamente específicas que deben ser emitidas por la administración provincial.
Ante el requerimiento de los guardaparques y agentes ambientales, se exhibió una copia impresa de un supuesto permiso emitido por el organismo oficial, el cual había sido enviado previamente en formato PDF.
Sin embargo, las verificaciones inmediatas confirmaron que no existía ningún registro oficial que respaldara dicha actividad.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro José Aldazábal, radicó la denuncia formal tras constatar que el documento era apócrifo y presentaba graves inconsistencias, tales como un membrete institucional incorrecto y una firma que no correspondía a ningún funcionario autorizado para tales fines.
Actualmente, la Unidad Fiscal Contravencional continúa recolectando pruebas para determinar si hubo otros responsables involucrados en la logística del evento, que contó con más de un centenar de invitados.
En las últimas horas, diversos funcionarios del área ambiental han prestado declaración testimonial y se espera que en los próximos días lo hagan los efectivos policiales que participaron en el procedimiento inicial.
La investigación busca esclarecer si la imputada fue quien confeccionó el instrumento falsificado o si contó con la intervención de terceros para simular la legalidad de la boda en la reserva natural.