En un juicio abreviado homologado por el juez Pablo Quirós, subrogante del Juzgado Federal 1 de Mendoza, un integrante del Servicio Penitenciario Federal acordó reparar de manera indemnizatoria y simbólica a una subalterna que lo acusó por hechos de violencia psicológica y laboral, en contexto de violencia de género.
Tras tomar en cuenta las expectativas e intereses de la víctima, a propuesta de la fiscalía el condenado aceptó disculparse con ella por los hechos por los que se lo responsabilizó y acordó una reparación económica. La solución del caso llegó luego de intensas tratativas entre la fiscalía y la defensa técnica del acusado, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En el proceso intervino la Fiscalía Federal 2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en colaboración con la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
El juzgado homologó el acuerdo de juicio abreviado por el que el acusado resultó condenado por el delito de abuso de autoridad -artículo 248 del Código Penal en función de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y de los artículos 1 y 2 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
En el caso se le atribuyó al agente penitenciario haber incumplido los deberes de funcionario público en el servicio que presta en el área de salud del Complejo Penitenciario Federal VI de Mendoza por no haber ejecutado las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, en especial la 26.485, incurriendo en actos de hostigamiento, violencia de género y abuso de autoridad en contra de la víctima en el ámbito laboral.
De acuerdo con lo establecido en el juicio abreviado, el condenado ejerció actos de violencia psicológica y laboral hacia la víctima, quien dependía funcionalmente de él, dentro del establecimiento penitenciario en el que ambos trabajaban.
Entre otros comportamientos, se determinó que la sobrecargaba de tareas, la aislaba dentro de su lugar de trabajo al sacarla de la oficina donde debía atender, le negaba permisos que para el resto del personal eran habituales, en el marco de la relación de poder y autoridad, lo que generó un daño emocional a la víctima.
La violenta situación afectó la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica y seguridad personal, de la mujer motivos por los cuales terminó renunciando a su puesto de trabajo.
La oficina de la Dirección General de Acceso a la Justicia (Atajo) del MPF contactó a la víctima, quien manifestó su acuerdo con la solución propiciada, que además implicó el reconocimiento de los hechos por parte del agresor.
