Caso Propofest. La Justicia identificó a Leclercq y Lanusse como las personas que ingresaron al domicilio de Palermo luego del deceso.
Delfina "Fini" Lanusse y Chantal "Tati" Leclercq
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Redes sociales A medida que avanza la investigación por la muerte del médico mendocino Alejandro Salazar, hallado sin vida el pasado 20 de febrero en su departamento de Palermo, la Justicia ha logrado un avance significativo al reconstruir los movimientos ocurridos en la vivienda tras el fallecimiento.
El fiscal Eduardo Cubría determinó que Chantal “Tati” Leclercq y Delfina “Fini” Lanusse estuvieron en el lugar de los hechos, basándose en testimonios clave y registros de cámaras de seguridad.
De acuerdo con las pruebas que constan en el expediente, Lanusse fue filmada llevándose la tablet del médico, mientras que las declaraciones señalan que Leclercq habría manipulado el teléfono celular de la víctima.
Ambas jóvenes mantenían un vínculo cercano con Salazar: Leclercq era su colega en el Hospital Rivadavia, y Lanusse se desempeñaba en el Hospital Italiano.
En el marco de estas revelaciones, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Leclercq, ubicada en el country Santa Bárbara.
Durante el operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía de la Ciudad, se procedió al secuestro de un teléfono celular y un iPad, que serán peritados por la DATIP para intentar esclarecer las comunicaciones previas y posteriores al deceso.
Si bien el juez Santiago Bignone había ordenado buscar sustancias como propofol y midazolam, no se hallaron medicamentos en el domicilio.
El caso ha cobrado una dimensión mayor al quedar enmarcado en una investigación sobre supuestas "fiestas de propofol" y el presunto hurto de medicación hospitalaria. La denuncia original, impulsada por la Asociación de Anestesiólogos de Buenos Aires (AAARBA), apunta a irregularidades en el stock de insumos del Servicio de Anestesia.
A pesar de la contundencia de los nuevos hallazgos, la justicia mantiene cautela: actualmente no existen imputados formales en la causa y Salazar figura en el sistema judicial como "identificada" sin una acusación de delito específica hasta el momento.
La investigación continúa centrada en determinar la causa exacta de la muerte y el motivo por el cual las pertenencias electrónicas de la víctima fueron retiradas o manipuladas tras su fallecimiento.
La muerte del anestesiólogo mendocino Alejandro Zalazar, hallado sin vida el pasado 20 de febrero en su departamento de Palermo, encendió alarmas dentro del sistema de salud y dejó al descubierto una trama de consumo irregular de fármacos hospitalarios, bajo la fama de presuntas fiestas denominadas "Propofest".
Después de formarse en Mendoza, el profesional trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y había realizado su residencia en el Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires.
Zalazar, conocido como “Alito” entre sus colegas, había egresado del Colegio Universitario Central (CUC), dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, y luego se formó como médico en su provincia antes de trasladarse a la CABA para especializarse en anestesiología.
La noticia de su fallecimiento tomó relevancia en los medios porteños días atrás, al avanzar una trama judicial referida a un supuesto circuito ilegal de fiestas con drogas hospitalarias como propofol y fentanilo.
Los primeros resultados de la autopsia a Zalazar indicaron que la muerte se produjo por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, en un cuadro compatible con sobredosis de anestésicos.