La jefa del Registro Civil de Pocito, San Juan, fue imputada ayer junto a otras 8 personas: habrían confeccionado de forma fraudulenta documentos de identidad que luego vendían. El monto total de las estafas atribuidas asciende a la suma de $ 156.218.895 .
Los DNI decomisados. Gentileza Ministerio Público Fiscal.
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El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, formalizó la investigación penal contra nueve personas acusadas de conformar una asociación ilícita que confeccionaba de manera fraudulenta documentos de identidad que posteriormente se utilizaban en estafas para solicitar créditos y adquirir bienes que luego eran comercializados.
Entre las personas acusadas se encuentra N.L.C., funcionaria pública a cargo del Registro Civil de la localidad de Pocito quien, en connivencia con otros imputados habría llevado un esquema que consistía en incorporar datos biométricos (fotografías y huellas dactilares) falsos en trámites formales, lo que permitía la emisión de DNI materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, con una identidad apócrifa, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La acusación comprende los delitos de falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, estafa, asociación ilícita y conductas previstas en la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional.
La investigación se originó por una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires, quien advirtió el uso de un DNI con imagen y huellas dactilares que no eran las suyas para contratar préstamos y realizar transacciones comerciales en su nombre. Las averiguaciones condujeron rápidamente al Registro Civil de Pocito, donde se identificó la posible implicación de personal del organismo en la emisión irregular de documentos oficiales.
Este “caso testigo” -tal como fue identificado por la fiscalía- permitió desplegar diversas medidas probatorias, entre ellas allanamientos y recolección de pruebas digitales y documentales, que derivaron en la formalización inicial de la investigación penal el 2 de julio pasado. En esa oportunidad se dictó la prisión preventiva de N.L.C., luego confirmada por un juez de impugnación.
La funcionaria fue imputada junto a otras tres personas a las cuales se les hizo conocer la imputación en libertad. Una de ellas que tenía un caso abierto por tráfico de estupefacientes en el norte del país por la cual se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria, y para quien el MPF había solicitado prisión preventiva, se profugó luego de la audiencia de formalización.
Como consecuencia de la visibilidad pública del caso y del allanamiento en su oficina del departamento de Pocito, el Registro Nacional de las Personas inició una auditoría interna que permitió detectar múltiples irregularidades similares, lo que derivó en denuncias complementarias realizadas a finales de julio último por 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos. De ellos, 18 se encuentran en grado de tentativa y cuatro habrían sido consumados.
Con esta información, el fiscal Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez profundizaron la investigación con la cooperación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan de Gendarmería Nacional. Así, el 22 de septiembre pasado, se realizaron diez nuevos allanamientos en los que se lograron secuestrar teléfonos celulares adquiridos producto de las estafas, al igual que bicicletas y aires acondicionados adquiridos en estas maniobras. Asimismo, se concretaron las detenciones de otros dos acusados, solicitadas por el MPF.
La nueva audiencia de formalización de la investigación penal se llevó a cabo el 24 y 25 de septiembre últimos ante el juez federal con funciones de garantías Leopoldo Rago Gallo.
En esta audiencia el juez de Garantías hizo lugar a la pretensión del MPF, pese a la oposición de la defensa, para que se escuche la opinión de las víctimas que solicitaron manifestarse respecto de las medidas de coerción personal.
Allí, se atribuyeron 22 casos nuevos a la funcionaria con prisión preventiva. Al mismo tiempo, en relación con otro imputado, que se encontraba en libertad bajo caución, se dictó una orden de detención que aún no se pudo efectivizar.
También, en sintonía con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal, se dispuso la prisión preventiva de otros dos hombres a quienes se les atribuyó ser parte de una asociación ilícita, mientras que a cuatro mujeres y otro hombre se los imputó por haber individualmente intentado contribuido a la maniobra, al realizar la solicitud de comienzo de trámite de nuevo ejemplar de DNI, que finalmente resultó frustrada, por lo que se dispuso su libertad con medidas de caución juratoria y prohibición de salida del país. Por último, otro hombre que también había requerido documento de identidad quedó en libertad bajo caución real, dado que contaba con una condena anterior por transporte de estupefacientes.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Rodríguez expuso la teoría del caso de la fiscalía, a partir de la cual mencionó la existencia de una estructura criminal organizada con distribución de roles, cuya finalidad era la comisión de delitos de falsedad documental y estafas. El grupo delictivo operó al menos desde agosto de 2024 hasta mediados de 2025, reclutando personas que prestaban sus datos biométricos para la confección de DNIs falsos. Con esta documentación, luego se solicitaban créditos y adquirían bienes -principalmente electrodomésticos- que eran posteriormente comercializados en el mercado informal. El monto total de las estafas atribuidas asciende a la suma de 156.218.895 pesos.
Además de los delitos de falsificación de documentos previstos en los artículos 292 y 293 del Código Penal, la fiscalía imputó a dos de los acusados por defraudación mediante uso de nombre supuesto -contemplado en el artículo 172 de la misma norma-, ya que realizaron transacciones económicas bajo identidades ficticias.
Asimismo, para la Unidad Fiscal San Juan, las conductas descriptas también constituyen infracciones a la Ley Nº 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, en cuanto a la impresión ilegítima y tenencia indebida de DNI -tanto en blanco como parcialmente completados-, así como la conducta subsidiaria de haber gestionado múltiples identificaciones con distinta identidad.
El fiscal Alcaraz resaltó en su intervención la gravedad institucional del caso, en tanto no solo afecta el patrimonio de particulares y entidades financieras, sino que compromete derechos fundamentales como la identidad, la fe pública y el ejercicio de los derechos civiles y políticos. En esta sintonía, subrayó que algunas víctimas no pudieron ejercer su derecho al voto debido a las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por las personas investigadas.