Sucedió hace unos días, el caso de la docente detenida en Tupungato tras la apertura de una causa judicial por presunta distribución de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. La misma continúa en etapa de investigación. El fiscal a cargo, Pablo Fossaroli, de la Unidad Fiscal del Valle de Uco, confirmó en diálogo con Los Andes que “la causa sigue en instrucción” y remarcó que, al haber menores involucrados, no puede brindar mayores precisiones.
En el plano administrativo, la Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión preventiva sin goce de haberes por 30 días, prorrogable según la normativa vigente. Según se supo, la docente ejercía como vicedirectora suplente de una escuela primaria pública, cargo que fue dado de baja. Al ser titular como maestra, inicialmente se había resuelto su traslado preventivo a un área administrativa sin contacto con alumnos. Pero, a menos de diez días de esa decisión, la DGE aplicó la suspensión preventiva al quedar la mujer vinculada a una causa penal por delitos previstos en el artículo 128 del Código Penal, relacionados con material de abuso sexual infantil.
La investigación habría iniciado a por una alerta internacional generada por Google y remitida al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados en Estados Unidos. El reporte derivó en la intervención de la Justicia de Mendoza. El allanamiento realizado por personal de la Unidad Investigativa Departamental secuestró celulares, tablets y pendrives que quedaron bajo resguardo para peritaje. La docente fue imputada y, según trascendió, recuperó la libertad tras abonar una fianza.
La DGE aplicó la primera suspensión preventiva bajo el nuevo reglamento
La misma resolución recayó sobre el docente de General Alvear que también fue imputado por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza durante los últimos días. En ambos casos, la acusación es por tenencia de Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA).
Según detalló la DGE, los hechos por los cuales ambos docentes están imputados habrían ocurrido fuera del ámbito educativo. Pero, confirman que este contexto "generaron conmoción y alarma en la comunidad escolar, afectando el clima institucional y la normal prestación del servicio". Por esa razón, si bien en un principio se resolvió su traslado a funciones sin contacto con menores, la gravedad de las imputaciones y su repercusión motivaron que se adoptara la medida cautelar de suspensión.
La decisión fue dispuesta a través de la Defensoría del Personal de la Educación (De.P.E.), en el marco de las facultades que otorga el Reglamento General de Sumarios y Procedimientos Disciplinarios, aprobado por Resolución N° 6642-DGE-2024. Este cuerpo normativo contempla la medida en sus artículos 21 y 23.1, y estos casos se constituyen en los primeros en los que se aplica.
Por último, se remitieron las actuaciones a la Junta de Disciplina de Educación Primaria, que avanzará con la apertura de sumarios administrativos. El objetivo es "garantizar el resguardo de la integridad física, psíquica y moral de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento del principio del interés superior del niño previsto por la legislación nacional e internacional", concluyen en el comunicado brindado sobre lo trascendido.