El recluso Pedro “Peter” Morales Anisco saltó a los medios cuando se lo acusó de ser el ideólogo del ataque a balazos a una niña de 11 años. Tras caer por un asesinato, desde la cárcel se dedicó a “negocios” de alta rentabilidad valuados en más de $500 millones. Hoy se unificaron las penas que ha recibido recientemente. Pero en un futuro el número de años se podría incrementar, de ser juzgado por el ataque a la menor y el blanqueo de dinero de la droga.
Pedro "Peter" Morales Anisco, preso en la carcel de Almafuerte. Archivo + IA.
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El preso Pedro “Peter” Morales Anisco (30) comenzó a ser nombrado en los medios cuando se lo imputó este año como el ideólogo del ataque a balazos a una niña de 11 años de Godoy Cruz. Pero este no es el único delito que cometió estando en la cárcel de Almafuerte. Y es que, desde su celda, donde cumplía una condena por asesinato, logró amasar una fortuna: por la venta de drogas, la Justicia Federal cree que manejaba una suma de más de $500 millones.
Y eso no es todo: el “capital inicial” para el negocio de la droga provino de un negocio anterior que el recluso, considerado oficialmente como de “muy alto perfil”, también “gerenciaba” desde el encierro: ser el jefe de una organización dedicada a estafar vendiendo autos robados que se ofrecían en las redes.
El modus operandi era el siguiente (según la investigación judicial): sus amigos publicaban los vehículos en Facebook, luego él por teléfono, desde su celda, “convencía” al comprador. Finalmente, sus ayudantes entregaban el auto (robado, con papeles “truchos”) y a cambio recibían el dinero.
Esta mañana la jueza Martina Hertlein, a pedido del fiscal Juan Manuel Bancalari, unificó las penas que cumple Morales Anisco en 28 años y 3 meses de cárcel. Para llegar a este número, tuvo en cuenta que en agosto de 2022 el juez Federico Martínez, integrante del Juzgado Penal Colegiado N° 1, homologó el juicio abreviado convenido entre Juan Manuel Bancalari, de la Fiscalía de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, y la defensa del acusado, condenando a Morales Anisco a 5 años de prisión efectiva. En ese momento se sumó esta pena de 5 años con la anterior de 18 años por homicidio, lo que resultó en una condena de 22 años y 3 meses.
Ahora, para llegar a los 28 años y 3 meses, la jueza Hertlein no tuvo más que agregarle los 6 años que en mayo pasado el Tribunal Oral Federal N.º 2, durante un juicio abreviado, le impuso a Morales (junto a Ángel Kevin Maximiliano Fernández, Juan Cruz Arregui y Marcelo Agüero Delclaux), por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento de alojamiento penitenciario.
Esta investigación se inició en diciembre de 2024, cuando el penitenciario Renzo Rojas fue detenido al ingresar al Penal de Cacheuta y se le encontraron 299 gramos de cocaína, 788 gramos de marihuana y cerca de 500 mil pesos en efectivo. Al analizar su teléfono, se descubrió la organización que trabajaba dentro y fuera del penal. Morales Anisco era el líder; Rojas y Agüero Delclaux eran los nexos con el jefe, mientras que su hermana, Yamila Agüero Delclaux, se encargaba del acopio y distribución de la droga fuera de la cárcel.
Menos conocida que la causa por drogas es la que investigó la Fiscalía de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores sobre las actividades de Peter, quien antes de estar encarcelado vivía en el barrio Grilli Sur de Los Corralitos. Por la misma, fue condenado a 5 años como “jefe y organizador de una asociación ilícita por varios hechos de estafas genéricas, uso de documentación pública falsa y encubrimiento agravado por ánimo de lucro, entre otros delitos”.
Entre junio del año 2020 y abril del año 2021, Morales Anisco, José Orlando Carvacho, Daiana Ayelén Giménez, Yésica Quiroga, Laura Hernández y Felipe Jurado formaron parte de una banda delictiva dedicada a defraudar a personas interesadas en comprar vehículos usados, los cuales la banda comercializaba siempre muy “flojos de papeles”: eran robados, con documentación apócrifa (patentes, títulos y cédulas truchas, y el formulario 08 con la firma del supuesto dueño certificada).
Morales Anisco, desde la celda de la penitenciaría, impartía las órdenes a los demás partícipes. Personalmente, a través del teléfono, se encargaba de “vendérselos” a las víctimas. Tras pactar el precio, derivaba la venta a sus colegas. José Orlando Carvacho, Daiana Ayelén Giménez Orquera y Yésica Carolina Belén Quiroga se encargaban de realizar las publicaciones de venta en la red social Facebook y, cuando Morales terminaba la negociación, se encargaban de cobrar, entregar el auto y los documentos falsos.
En tanto que Laura Hernández y Felipe Marcelo Jurado se encargaban de guardar los vehículos previamente sustraídos y adulterados en una vivienda de la calle San Juan de Las Heras. De esta forma, lograron “comercializar” los siguientes vehículos robados: VW Gol Trend, Fiat Fiorino, Chevrolet Onix, Peugeot 307, Citröen C4 Lounge, Ford Ecosport y Volkswagen Polo. En el delito de estafa en grado de tentativa quedaron: Toyota Yaris, Hyundai Tucson, Ford Ranger doble cabina, Chevrolet S10, Peugeot 308 y Chevrolet Cruze, todos secuestrados luego por la División Sustracción Automotores.
El 20 de abril, por el brutal ataque a una niña de 11 años de Godoy Cruz, la Fiscalía de Homicidios imputó a Morales Anisco por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor intelectual”, y por este delito podría ser juzgado a futuro. Para los investigadores, el preso habría enviado a un chico de 17 años a matar a la niña, quien es la hija de uno de los presos que fue condenado por vender drogas junto a Morales Anisco. Las diferencias entre ambos generaron que se planificara el ataque a la menor.
El violento ataque a la nena ocurrió cerca de las 19:20 del sábado 21 de marzo en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal, del barrio Los Cerrillos, cuando los vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y ver a un hombre escapar corriendo del lugar. Según los testigos, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.
La niña recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros: dos en la pierna izquierda, uno en la derecha y otro en la mano derecha; mientras tanto, el tirador, que logró llegar a un patio interno de la vivienda, escapó por la calle El Carrizal y luego se habría subido a un auto que lo esperaba.
El 4 de junio pasado se realizaron 25 allanamientos en Guaymallén y en la cárcel de Cacheuta a pedido de las fiscales federales María Gloria André y María Eugenia Abihaggle. Las medidas eran para buscar teléfonos que pudieran apuntalar una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico y por una serie de estafas virtuales —ambos delitos realizados dentro de la cárcel de Almafuerte por una suma superior a los $500 millones— por los que podría ser juzgado en el futuro.
En esta investigación hay más de 20 personas —algunas detenidas en la cárcel de Cacheuta y otras en libertad— que manejaron importantes sumas de dinero a través de billeteras virtuales cuyo origen no estarían en condiciones de demostrar. Esta organización, según los investigadores, sería comandada por Morales Anisco, conocido en el ambiente carcelario como “Peter”.