El Juzgado Penal N° 2 condenó a 2 años y 6 meses de prisión condicional a Daniela Heinrich, la cuñada de los colombianos prófugos que eran los dueños de Megatecnología, el negocio que estafó a más de cien mendocinos.
En un juicio abreviado, Daniela Heinrich se declaró culpable y recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional.
El local Megatecnología del colombiano Cristhian David Holguín Restrepo fue allanado. / Google Street.
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El Juzgado Penal N° 2 condenó a 2 años y 6 meses de prisión condicional a Daniela Heinrich, la cuñada de los colombianos prófugos que eran los dueños de Megatecnología, el negocio que estafó a más de cien mendocinos.
Heinrich, quien supo estar a cargo del comercio ubicado en Ciudad, aceptó ser parte de la megaestafa durante un juicio abreviado que se cerró esta mañana en el Polo Judicial, luego de que la fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Mariana Pedot, llegara a un acuerdo con la defensa de la acusada en el que se estableció la pena.
Los 2 años y 6 meses de prisión hay que analizarlos a la luz del acuerdo al que la imputada llegó con todos los denunciantes, a quienes les dio una reparación en metálico del 70% (significa que la persona imputada ofrece pagar una suma de dinero equivalente al 70% del daño económico causado), según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Así las cosas, Heinrich se declaró culpable de 98 causas en las que se encuentra imputada por el delito de estafa y la jueza Patricia Alonso homologó el acuerdo y fijó sentencia. Las denuncias restantes –otros 57 casos– se encuentran por ahora en estado de archivo.
De esta forma se cerró parte de la causa, ya que continúa vigente el pedido de búsqueda y captura nacional contra los dueños de Megatecnología, los colombianos prófugos, Cristhian David Holguín Restrepo (34) y su hermana, Alejandra.
Ambos, si bien eran los dueños del negocio de tecnología, no se encuentran imputados, ya que salieron del país con destino desconocido horas previas a que se emitiera una orden de detención en su contra.
Fuentes que trabajan en el caso explicaron que existieron conversaciones informales para que los colombianos se sometieran al proceso ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
Es que esta catarata de reparaciones beneficiaría marcadamente la situación procesal de los fugados, en caso de regresar y ser imputados y detenidos. La intención de los extranjeros es lograr que quede sin efecto el pedido nacional e internacional de búsqueda y captura que permanece vigente y no los deja moverse, sea donde fuere que se encuentren. La imputación para los Holguín sería la misma que para su cuñada, pero con el agravante de la fuga.
En septiembre pasado, algunos clientes de Megatecnología (negocio ubicado en Morón 130 de Ciudad) que habían comprado equipos de alto rendimiento -especiales para gamers- o bien habían entregado computadoras y otros equipos para su reparación comenzaron a denunciar a los colombianos en Defensa al Consumidor al no recibir la contraparte pactada.
El rumor de una presunta estafa comenzó a circular en las redes sociales y Holguín trató de contener la situación a través de un video donde contaba cómo, en 2015, había fundado "Megatecnología", un pequeño local en el Centro de Mendoza donde vendía celulares y tablets; y que, con el tiempo, llegó a tener tres locales y 40 empleados que se dedicaban a vender y reparar equipos de computación para el mundillo gamer local.
Pero luego indicó que el proyecto se hizo "inviable": en el video, Holguín contó las razones del fracaso empresarial, pidió "perdón" y prometió "luchar" para devolver el dinero.
Pero solo fueron promesas que ahora parcialmente se han cumplido. El 20 de agosto pasado comenzó a ser denunciado en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Dos días antes, los hermanos salieron del país en un vuelo de aerolíneas Copa con rumbo a Panamá.
El viernes 22 de agosto se realizó un allanamiento y fue emitida la orden de captura. Entre el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, y ayer lunes 25, las denuncias continuaron hasta llegar a 153 denunciantes, y la cifra reclamada, en total, asciende a unos $183 millones.