La Justicia de San Martín ordenó la aprehensión inmediata de un letrado querellado por coaccionar a una adolescente de 16 años para que rectificara su declaración en Cámara Gesell. El profesional defendía al acusado de abusar de la menor desde los 12 años.
Palacio de Tribunales, Tercera Circunscripción Judicial, San Martín. (Enrique Pfaab - Los Andes)
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Una jornada judicial que debía avanzar hacia la búsqueda de verdad y justicia en la Tercera Circunscripción Judicial finalizó en un grave hecho institucional y penal. Un profesional del derecho, matriculado en el fuero local y encargado de la defensa técnica de un imputado, fue detenido tras ser acusado de coaccionar a una menor de edad para que alterara su declaración durante un procedimiento de Cámara Gesell.
El expediente madre investiga denuncias por abusos sexuales reiterados. La víctima, una adolescente que actualmente tiene 16 años, padece esta situación desde los 12 años, señalando como autor de los vejámenes a su propio hermanastro, un hombre considerablemente mayor.
La causa por el delito contra la integridad sexual se tramita bajo la órbita del fiscal Federico Bergamín. En el marco de esa instrucción, este viernes la adolescente volvió a prestar declaración en la Cámara Gesell, ratificando punto por punto los abusos sufridos y señalando al imputado.
El aspecto más crítico de la jornada sobrevino al concluir la medida pericial. Tras la intervención de las profesionales del equipo de psicología, la menor solicitó expresamente hablar con la secretaria de la fiscalía para pedir auxilio.
Allí reveló que, con carácter previo a ingresar al dispositivo judicial, el abogado defensor de su hermanastro se apersonó junto a la madre del imputado en el entorno de la víctima para intimidarla. Según el relato de la menor, ambos le exigieron bajo amenazas que desmintiera sus denuncias previas ante los peritos para liberar de responsabilidad penal al acusado.
Frente a la gravedad del pedido de auxilio y el señalamiento directo, la funcionaria dio aviso de inmediato a las autoridades judiciales. El fiscal Gustavo Jadur dispuso la detención urgente del letrado y la imputación formal por el delito de encubrimiento agravado, además de disponer medidas procesales contra la mujer que lo acompañaba. La actuación de ambos fiscales se enmarca dentro de las directivas operativas de la Jefatura de Fiscalías de la Tercera Circunscripción, a cargo del fiscal Oscar Sívori.
Asimismo, la fiscalía resolvió realizar la correspondiente compulsa ante el Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera Circunscripción Judicial, a fin de que el organismo de ética profesional evalúe la conducta del letrado y proceda al retiro preventivo o definitivo de su matrícula habilitante.
Desde el punto de vista jurídico y garantista, el hecho reviste una gravedad extraordinaria por la conjunción de dos factores fundamentales: la especial vulnerabilidad de la víctima y la condición profesional del imputado.
Al tratarse de una menor de 16 años denunciando un delito contra la integridad sexual intrafamiliar continuado desde los 12 años, la normativa nacional e internacional (Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes N.º 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño) exige un estándar supremo de protección. La Cámara Gesell se diseña, precisamente, como un entorno protegido para evitar la revictimización. Pretender torcer la voluntad de un menor en la antesala de dicha instancia configura una intromisión directa sobre el proceso formativo de la prueba.
El ejercicio de la abogacía implica actuar como auxiliar de la justicia. Si bien todo imputado goza del derecho constitucional a una defensa técnica plena, la labor del defensor encuentra un límite insoslayable en la legalidad. Atentar contra la libertad procesal de un testigo o víctima trasciende la estrategia defensiva para adentrarse en el terreno del delito penal.
Al intervenir para obstaculizar el accionar de la justicia mediante coacciones dirigidas a entorpecer la verdad de un delito grave —como lo es el abuso sexual infantil—, la conducta tipificada contamina de manera severa el debido proceso y justifica la adopción de medidas cautelares urgentes, dada la evidente existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio.
