El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Programa de Atención a Víctimas de Delitos, representa legalmente a los familiares de cuatro mujeres que fueron víctimas de femicidio.
Familiares de cuatro mujeres que fueron asesinadas tienen una abogada del Gobierno que los representa. Se trata de un servicio que brinda el Ministerio de Seguridad y Justicia cuando es solicitado por los afectados.
Ya son ocho femicidios en Mendoza de lo que va del 2025.
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Ilustración Los Andes El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Programa de Atención a Víctimas de Delitos, representa legalmente a los familiares de cuatro mujeres que fueron víctimas de femicidio.
La abogada penalista Susana Soleti, quien trabaja para el ministerio en Asistencia a las Víctimas y en la Subsecretaría de Justicia, según se informó oficialmente, encabeza las querellas en los casos de Morena Bisotto, Antonia Falcón, Alejandra Cuevas y Flora Moyano, todas víctimas de femicidio.
A estas causas se suma la representación en un proceso por intento de femicidio, en el que una mujer fue atacada con un arma blanca por su expareja en Tupungato, logrando sobrevivir gracias a la rápida asistencia recibida.
Todos los imputados en estos expedientes se encuentran detenidos y las causas se hallan en etapas avanzadas, algunas ya con fecha de juicio por jurado.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, subrayó que el Programa de Atención a Víctimas de Delitos garantiza asistencia psicológica en el cien por ciento de los casos, mientras que la representación judicial se ofrece siempre, pero solo se ejerce cuando las familias lo solicitan, como ocurre en estas cinco causas.
“La decisión de ampliar el Programa a la asistencia jurídica en 2024 tuvo un sentido estratégico. Para el orden y la seguridad es fundamental reconstruir el contrato social y la confianza de la ciudadanía en la Justicia. Por eso, no solo debemos estar desde lo psicológico, sino también brindar respuestas jurídicas que den tranquilidad y paz a las víctimas y sus familias”, afirmó la ministra.
Por su parte Soleti destacó que el acompañamiento es integral. En ese sentido, detalló que “no se trata solo de la parte judicial. El Ministerio brinda también asistencia social y psicológica a los familiares, que muchas veces son padres, hermanos o hijos. Es un servicio que resulta fundamental para que puedan ubicarse dentro de este proceso tan doloroso y seguir adelante con las instancias penales”.
Asimismo, remarcó que el Programa busca evitar la revictimización y garantizar que las familias estén presentes en cada etapa judicial. “Normalmente quieren participar de las audiencias y ahí estamos nosotros, tanto psicólogas y asistentes sociales como yo en el rol de abogada, para que tengan la contención y el respaldo necesarios”, aseguró.
Abril Morena Bissotto (20) fue asesinada el 12 de setiembre de 2024, en Maipú y su concuñado, Omar Facundo Poblete (34) está detenido e imputado por este femicidio. La joven fue asesinada una casa ubicada en calle Padre Vera al 540. Un vecino oyó gritos y alertó al 911. Al llegar, los policías se encontraron con Abril sobre un charco de su propia sangre y con una herida de arma blanca en el cuello. Su hija, de apenas 1 año y nueve meses, estaba en la cama del cuarto con un corte en la cara.
De inmediato, y tras el aporte de familiares y vecinos, personal policial realizó un operativo para dar con Poblete, quien había huido corriendo de la casa y era fácil de identificar por las manchas de sangre en su ropa. El hombre fue detenido en Palma y 20 de Junio: Estaba “oculto” al lado de una fábrica.
El 30 de enero de 2025, Antonia Nélida Falcón (60) fue hallada muerta en su casa del barrio San Vicente, en Guaymallén. Su hijo denunció que Damián Darío Orozco (42), inquilino del lugar, fue el responsable.
Orozco quedó detenido y, luego, imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. Desde el Cuerpo Médico Forense determinaron que la muerte de Falcón se produjo de forma “violenta e intencional”: el cuerpo tenía una infiltración hemática, es decir, una acumulación de sangre en el cuello.
Falcón habría sido ahorcada y, finalmente, rociada con líquido inflamable para ser prendida fuego y hacer pasar el crimen como un "incendio accidental".
El 31 de enero pasado, María Alejandra Cuevas (48) - trabajadora en un geriátrico y madre de tres hijos con domicilio en Las Heras- dijo que se reuniría con unas amigas después de salir de su trabajo ubicado en Capital. Pero, desde entonces, nada se supo de ella.
La investigación, que inicialmente era por averiguación de paradero, cambió a partir del hallazgo del cuerpo quemado y decapitado de Alejandra el 13 de febrero a la mañana en un descampado de calle Eva Duarte de Perón, cerca del hospital Carrillo.
Por el femicidio, la Justicia ordenó la detención e imputación de Néstor Javier Rabano (37). El hombre había sido grabado por una cámara de seguridad en la madrugada del 1° de febrero, en una estación de servicio de Las Heras caminando junto a la mujer, una pista clave tratándose de la cercanía con el descampado donde encontraron el cuerpo. También coincidió con la última hora de conexión por WhatsApp de la víctima.
Después de que su familia reportara su desaparición, Flora Inés Moyano (61), fue hallada asesinada el domingo 27 de julio en un descampado en Las Heras. Walter Molina, también de 61 y pareja reciente de la víctima, está acusado del femicidio.
El hombre aprovechó una salida transitoria para encontrarse con la mujer y matarla. En 2015, Molina fue condenado por violar a su hija adolescente. Además, arrastraba sentencias por homicidio (2000), robo (2003) y amenazas (2009, 2015) y estaba recluido en una granja.
Pese a los informes en su contra, el reincidente accedió al beneficio de las salidas. Tras el crimen de Moyano, Molina volvió a quedar con detención firme. En caso de ser condenado por el femicidio, arriesga como única pena la reclusión perpetua.