El fallo de la CIDH sostiene que José Zambrano y Pablo Rodríguez fueron asesinados por integrantes la Policía de Mendoza. Ordenó al Estado la implementación de distintas medidas de reparación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a la República Argentina responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas en el año 2000, en Mendoza
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El fallo de la Corte Interamericana fue dado a conocer ayer de forma virtual. Gentileza CIDH.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a la República Argentina responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas en el año 2000, en Mendoza, cuyas víctimas fueron José Segundo Zambrano (28) y Pablo Marcelo Rodríguez (25) y sus familiares.
Ayer la CIDH dio a conocer el fallo del caso “Zambrano, Rodríguez y otros Vs. Argentina”, por la desaparición y muerte de los dos mendocinos que fueron vistos con vida, por última vez, en marzo 2000 y cuyos cuerpos aparecieron enterrados en julio de ese año en Godoy Cruz.
El organismo internacional a partir del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y de la prueba incorporada al proceso, concluyó que los señores Zambrano y Rodríguez fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente fueron ejecutados, delitos ambos en los que participaron directamente agentes de policía de la Provincia de Mendoza.
Además, el Tribunal determinó que las autoridades internas no actuaron con la debida diligencia para el esclarecimiento de los hechos, por lo que en la actualidad prevalece una situación de impunidad en lo que atañe a la investigación de lo sucedido.
En consecuencia, la Corte declaró que Argentina violó los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de los señores Zambrano y Rodríguez.
Por otra parte, el Tribunal declaró la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio no sólo de Zambrano y Rodríguez sino también de sus familiares.
Por último, la Corte constató la violación del derecho a la verdad, reconocido en la Convención Americana, y del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de los señores Zambrano y Rodríguez, respecto de quienes declaró, además, la afectación del proyecto de vida.
Por motivo de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de reparación, incluido un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Jueza Nancy Hernández López, Presidenta (Costa Rica); Juez Rodrigo Mudrovitsch, Vicepresidente (Brasil); Juez Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay), Jueza Patricia Pérez Goldberg (Chile), Juez Alberto Borea Odría (Perú) y Juez Diego Moreno Rodríguez (Paraguay).
Los Jueces Rodrigo Mudrovitsch y Ricardo C. Pérez Manrique, así como la Jueza Patricia Pérez Goldberg dieron a conocer sus respectivos votos concurrentes. El Juez Alberto Borea Odría dio a conocer su voto parcialmente disidente.
La Jueza argentina Verónica Gómez, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, tal como lo establece Reglamento de la Corte.
José Zambrano y Pablo Rodríguez desaparecieron el 25 de marzo de 2000 cuando iban a encontrarse con funcionarios policiales. Ambos eran informantes de la Policía y, justamente, iban a aportar datos.
Las desapariciones provocaron un escándalo institucional en el gobierno del por entonces gobernador Roberto Iglesias, a punto tal que el ministro de Seguridad de la época, Leopoldo Orquín, ofreció una recompensa de 40 mil pesos para quien aportara datos de los dos desaparecidos. Sus muertes que precipitaron la caída de la recordada "mafia policial".
Un julio de ese mismo año, un puestero llamado José Luis Robertson informó que los cuerpos estaban en un descampado del pedemonte de Godoy Cruz. Robertson cobró el dinero pero después salió a la luz que algo tenía que ver con las muertes.
El caso llegó a juicio oral en 2003 con un ex policía, Felipe Gil, y un pequeño ladrón, Mario Díaz, en calidad de acusados: ambos resultaron absueltos del doble homicidio.
En abril de 2018 la Corte provincial ordenó al Estado provincial que indemnice con la suma de 1 millón 500 mil pesos al policía Felipe Gil Fernández, quien permaneció detenidos durante 4 años y luego fue juzgado y absuelto por dos emblemáticos homicidios -los de José Zambrano y Pablo Rodríguez- muertes que precipitaron la caída de la recordada "mafia policial".